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A la lista de las seis acciones de inconstitucionalidad y un amparo que enfrenta la Constitución de la Ciudad de México en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ayer el Senado de la República adelantó que también impugnará el contenido de la Carta Magna local por invadir preceptos constitucionales federales.

El presidente de la Cámara Alta, Pablo Escudero (PVEM), anunció que presentará una controversia constitucional ante la SCJN, en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México por invadir las facultades del Congreso de la Unión en materia educativa y de salud.

Aseguró que tras un estudio y análisis jurídico se detectó que el artículo 9 de la Constitución de la capital del país viola los artículos cuarto y 73 constitucionales, así como los artículos 235, 236 y 237 de la Ley General de Salud, que hacen alusión al uso médico y terapéutico de la cannabis y sus derivados en la Ciudad de México, atribución que sólo le compete al Congreso de la Unión.

En la recién promulgada Constitución de la Ciudad de México quedó establecido que sí se permite el uso de marihuana con fines terapéuticos, pero hay un artículo transitorio que indica que esto sería vigente hasta que la norma federal lo avale.

El otro artículo que el Senado de la República prevé impugnar es el número 8 de la Constitución capitalina porque, dijo, resulta inconstitucional al contravenir el artículo tercero de la Carta Magna federal, así como distintos preceptos de la Ley General de Educación, toda vez que la Asamblea Constituyente no contaba con la facultad para otorgar atribuciones a las delegaciones que son competencia exclusiva de las autoridades educativas federales.

“La Asamblea Constituyente al legislar en los términos en que lo hizo vulneró diversos ámbitos de competencias del Congreso de la Unión, por lo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decida la probable inconstitucionalidad de distintos dispositivos de la Constitución de la Ciudad de México”, advirtió a través de un comunicado.

El senador Pablo Escudero detalló que será en el transcurso de la semana cuando el ejercicio jurídico será presentado ante la Suprema Corte, toda vez que continúa con el análisis y la valoración del alcance de la controversia constitucional.

Hasta ahora la Suprema Corte tiene registradas seis acciones de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Constitución de la Ciudad de México, empezando por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal Superior de Justicia local, así como los partidos Morena y Nueva Alianza.

La acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México señala la presunta violación a la independencia y autonomía del Poder Judicial capitalino; mientras que la PGR consideró que hay una posible contradicción en varios de los preceptos establecidos en la Constitución local y la Carta Magna, entre ellos los relativos con los derechos humanos de asociación, a la identidad, de no discriminación e igualdad; libertad religiosa y secreto profesional.

Mientras que la acción promovida por la Presidencia de la República cuestiona 13 disposiciones que acusa invaden las facultades del Congreso de la Unión, como regular la justicia para adolescentes, materia educativa, inmigración y tema de agua.

También cuestiona los artículos 9, párrafo D y 7 y el quinto transitorio por que se invaden facultades del Congreso sobre el uso médico y terapéutico de la cannabis.

“Violan tutela efectiva de derechos humanos”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la acción de inconstitucionalidad que promovió ante la SCJN, asegura hay tres derechos fundamentales que se estima se violan en la Constitución capitalina.

De acuerdo con el documento, se trata de la obligación de respetarlos, el derecho de acceso al sistema constitucional no jurisdiccional de protección de los mismos, así como de su tutela efectiva.

Otro tema es el derecho de los servidores públicos, como trabajadores del Estado, a que su salario no sea disminuido. En este punto, expone en el documento, que en el artículo 33 de la Carta Magna capitalina, donde se aborda el tema de los salarios dice textual: “Se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano”, viola ese derecho.

El artículo 48 también lo impugnan, éste establece que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México podrá interponer ante la Sala Constitucional juicios de restitución obligatoria de derechos humanos, en los términos que prevea la ley por recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de que se emitan medidas para su ejecución.

EL UNIVERSAL publicó que la Asamblea dijo que defenderá el contenido de la Constitución local.

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