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Los han buscado por el Estado de México, en algunos puntos de la Ciudad donde hay personas en situación de calle, en las cárceles e, incluso, en la morgue, pero al no tener una fotografía o rasgos fijos de ellos, la búsqueda se complica. Carmen —la abuela torturadora— no aporta grandes datos, sólo dice que un día abandonaron a la pequeña y se fueron.

Son los padres de Ana, la menor que fue rescatada por la procuraduría capitalina de los malos tratos que vivía con su abuela. Ana no tiene idea de quienes son sus padres: Hasta después que ingresara a un hospital pensaba que la mujer que la encadenó, que la golpeaba con un martillo en la cabeza, le daba de comer chiles curtidos o le quemaba la lengua por agarrar cosas del refrigerador era su madre.

Carmen los identificó como Martha y Juan; explicó que la dejaron a su suerte y que ella tenía que trabajar para mantenerla a ella, a su hermana de 5 años y dos primos más, no tenía tiempo de atenderlos y tampoco dinero para darles de comer, por lo que decidió deshacerse de ella y tenía pensado hacer lo mismo con los otros niños.

Los menores fueron rescatados por la procuraduría al hacer una revisión en el domicilio de la abuela. Los padres y otra persona más —la mamá de los primos de Ana— son buscados por las autoridades, ante quien deben de responder por la omisión de cuidados. El ministerio publico también los requiere para que expliquen por qué abandonaron a sus hijos.

Ana, por su parte, poco a poco está recobrando la alegría de vivir, quienes están al pendiente de su salud en el albergue de la PGJ dicen que cada día sonríe mejor. Le están tratando de recuperar las papilas gustativas, ya que su abuela con un encendedor las quemó en 80%. Conforme toma confianza, narra otras atrocidades.

Sus primos —que también están bajo la tutela de la Procuraduría Capitalina—, sólo muestran signos de desnutrición y algunos golpes, por alguna razón que aun no queda clara, Carmen se ensañó con Ana. La menor afirma que no la quiere ver nunca más, pues no entiende por qué la maltrataba de esa forma.

El ministerio publico sigue recabando pruebas para imputarle la privación ilegal de la libertad y las torturas de la menor y los otros niños. En agosto próximo se definirá su condena, que puede alcanza hasta 40 años de prisión. La suerte de los niños cambió para bien, pues estarán en la PGJ hasta terminar su tratamiento de recuperación y luego será dados en adopción.

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