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Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México presentaron este viernes ante la Suprema Corte de Justicia la Nación una controversia constitucional contra los artículos 35 y 37 de la Constitución capitalina, consideraron que ambos preceptos violan la autonomía e independencia del poder judicial de capitalino.
En febrero pasado, una vez conocido el contenido de los mencionados artículos en sesión del pleno de magistrados 71 de los 76 votaron a favor para presentar la controversia constitucional.
El artículo 35 de la Constitución establece que el Consejo de la Judicatura se integrará por siete consejeros o consejeras designados por el Consejo Judicial Ciudadano, de los cuales tres deberán contar con carrera judicial, y que quien presida el Consejo de la Judicatura no podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, que el presupuesto del Poder Judicial será elaborado por el Consejo de la Judicatura.
A su vez, el artículo 37 establece la creación de un Consejo Judicial Ciudadano, el cual estará integrado por 11 personas, de las que siete serán profesionales en derecho. Asimismo, que los integrantes del citado consejo serán designados por dos terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales que al momento de hacer la propuesta tengan al menos cinco años de haberse constituido. Señala el precepto que serán atribuciones de ese consejo designar a los consejeros de la Judicatura.
En el documento presentado este viernes se establece que estos artículos vulneran la autonomía e independencia del Poder Judicial y que de manera conjunta constituyen un sistema complejo de normas que inciden negativamente en el funcionamiento del Poder Judicial.
La controversia señala que esto va en detrimento de la capacidad de autodeterminación de las políticas administrativas, profesionales, éticas y de formación jurídica que entraña la propia vida del TSJ local.
Que la ciudadanización del sistema de justicia incide negativamente, ya que las labores de gobierno están encomendadas a entes públicos y no a la ciudadanía de manera directa.
