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Comuneros de la delegación Milpa Alta alertaron sobre un estallido social ante la incapacidad de las autoridades para cerrar 20 aserraderos que operan de manera ilegal en la demarcación bajo el argumento de que no hay condiciones para su retiro.
Al acudir a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, responsabilizaron a las autoridades del gobierno capitalino y de la delegación a que si de hoy en adelante ocurre una desgracia será su responsabilidad y no de los habitantes de Milpa Alta.
Los comuneros Enrique Jurado y Juan Hernández Padilla pidieron auxilio ante la torpeza de las autoridades.
Dijeron que se están agotando todas las instancias legales para resolver este problema de ecocidio en la Sierra de Chichinautzin.
Hace más de un año, los habitantes han denunciado la presencia de talamontes armados que intimidan a quienes se oponen a que deprede ese pulmón verde de la capital del país.
Incluso la diputada local de Morena, María Eugenia Lozano, comentó que resulta inexplicable cómo en una zona que fue declarada Parque Nacional desde 1947 haya gente sacando tala con el amparo de la autoridad.
Esta situación, dijo, es un asunto de complicidad e impunidad. “Están jugando con juego, haciéndose los vivos y dando atole con el dedo a la ciudadanía”.
Hace cinco meses fue interpuesta una demanda ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El subprocurador de Recursos Naturales, Ignacio Millán, se comprometió a efectuar un operativo de vigilancia para detener esta tala ilegal y cerrar los aserraderos.
El operativo, de acuerdo con los comuneros, se realizaría en coordinación con el Gobierno de la Ciudad y no ha efectuado porque el director general de Gobierno local, Horacio Robles, respondió el 7 de diciembre que no había condiciones para realizar el operativo.
La diputada quien también se hizo acompañar de sus homólogos Juana María Juárez, Luciano Tlacomulco y Darío Carrasco exigió cuentas para saber cuáles son las condiciones que necesita el gobierno capitalino para hacer cumplir la ley y velar por un área protegida.
“Se trata de un área fundamental de recarga del manto acuífero y ambiental que alberga a un sinnúmero de especies protegidas, no entendemos cómo se puede solapar un ilícito que repercutirá en la salud de los capitalinos”, expresó Lozano.
Los comuneros avisaron que acudirían a la Secretaría de Gobierno para pedir que este problema se atienda de inmediato porque es imprescindible frenar la depredación de los bosques.
“Son camiones especiales para bajar los troncos, no se puede decir que no se puede hacer nada, ¿qué las autoridades no ven eso?”, expresó la asambleísta.
