metropoli@eluniversal.com.mx
El diputado constituyente del PAN, Roberto Gil Zuarth, afirmó que su bancada estuvo a favor de obligar a los desarrolladores inmobiliarios a cumplir con obras de mitigación y compensación de daños en las zonas donde construyen, pero que estaba particularmente en contra de que se creará un supuesto “mercado de valores de permisos de construcción”, pues advirtió que traería corrupción.
El también senador dijo que no buscó suavizar las restricciones de la Constitución Política de la Ciudad de México en contra la especulación inmobiliaria sobre el uso de suelo y los predios baldíos de la capital, sino sólo dar “certeza jurídica” tanto a inversionistas como a residentes.
El legislador había reservado tres numerales del artículo 21 de la Constitución Política, que tensaron la redacción final del documento, pero que finalmente fueron votados la noche del lunes pasado con una nueva redacción, tras ser negociados en la Mesa de Consulta, conformada por los coordinadores parlamentarios y el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas.
Un día antes, con los votos del PAN y PRI, se había eliminado un apartado del artículo 21 que establecía la obligación de los constructores a mitigar los impactos urbanos y ambientales que ocasionan, el cual se rescató tras una negociación de partidos en uno de los numerales reservados por el panista.
El tema que no gustaba a Acción Nacional y al tricolor era la creación de “derechos de edificación adicionales”, los cuales podrían ser comprados por los constructores.
Esta redacción había sustituido al polémico tema de la captación de plusvalías, pero tampoco gustó a panistas y priístas, y ese era el contenido que buscaban suprimir.
“Ese segundo párrafo buscaba crear una suerte de mercado de valores sobre los excedentes de mis permisos de construcción, supongamos, si yo tenía 50 pisos de permiso de construcción y construí 10, entonces puedo vender el excedente a otro desarrollo inmobiliario, eso en otros países como Brasil generó una enorme especulación y corrupción”, aseguró Gil Zuarth.
A su vez, el proyecto enviado por el jefe de Gobierno planteaba que las obras y megaproyectos no podrían implicar un proceso de gentrificación; es decir, la exclusión y expulsión de residentes y actividades, lo cual fue matizado por una reserva del legislador.
En tanto, una reserva del panista consiguió que se eliminara un párrafo donde la Constitución ordenaba crear mecanismos “para evitar prácticas especulativas en los usos de suelo”, pues consideró que la medida es violatoria al derecho a la propiedad privada.
Cuestionó que con ello el gobierno local podría parar desarrollos inmobiliarios de forma “no racional” y afectar inversiones, por lo cual se hizo un cambio para que las autoridades creen mecanismos para minimizar las afectaciones sociales y económicas a residentes.
Añadió que el proyecto enviado por el jefe de Gobierno buscaba permitir a las autoridades detener obras en casos donde juzgara que dichos proyectos también permitiría al gobierno obligar a particulares a vender terrenos ante el supuesto de especulación, pero se modificó para que sí se pueda imponer un gravamen a estos predios denominados “ociosos, pero no obligarme a vender y vender a desarrolladores de preferencia”. Por ello, aseguró que los constructores no ganaron con los ajustes, pues incluso en uno de los numerales se rescató el tema de obligación de los constructores a mitigar los impactos urbanos y ambientales y, ahora, la compensación sólo podrá ser económica.
