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Diputados de la Asamblea Constituyente eliminaron el fuero de los servidores públicos de la Ciudad de México, con el argumento de que esta protección se había convertido en sinónimo de impunidad, por lo tanto ahora deberán ser juzgados de la misma forma que cualquier ciudadano.
Los legisladores también incluyeron la posibilidad de que los ciudadanos soliciten juicio político para la destitución e inhabilitación de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales que hayan incurrido en violaciones graves al texto constitucional.
Ayer, los diputados aprobaron casi por unanimidad el artículo 72 que establece que “las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México nadie gozará de fuero”.
El artículo, propuesto desde el proyecto enviado por el jefe de Gobierno mantiene la “inmunidad parlamentaria” para que los diputados del futuro Congreso local no sean procesados por sus opiniones e indica, entre otras cosas, que se elaborará una ley sobre cómo se ejercerá acción penal en delitos del fuero común.
Los diputados Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Armando Ríos Píter, Roberto López y Tobyanne Ledesma, del PRD; Augusto Gómez del Ejecutivo Federal; Elvira Daniel y Patricia Ortiz, de Morena; Esthela Damián, de Movimiento Ciudadano; Hugo Eric Flores de Encuentro Social hablaron en pro de esta innovación en la capital.
Legisladores expusieron que sólo Jalisco y Veracruz habían eliminado el fuero y ahora el reto será que el Congreso de la Unión lo suprima a nivel federal.
Juicio político. Los diputados también aprobaron el artículo 71 para que los funcionarios sean sujetos a juicio político por violaciones graves a la Constitución, las leyes que de ella emanen, así como por manejo indebido de fondos y recursos públicos; este juicio se solicitará ante el Congreso y que deberá dictaminar en máximo 30 días.
La sanción será la destitución e inhabilitación; podrán ser sometidos a juicio las personas que ocupen cargos locales de elección popular, magistrados o jueces; secretarios, así como todo servidor ratificado por el Congreso.
Los diputados también aprobaron el artículo 73 que obliga a la administración pública a reparar daños causados en bienes o derechos de particulares cuando incurra en “actividad administrativa irregular”, impulsada por el PAN.
Luego de un receso de cuatro horas, anoche los diputados iniciaron la discusión del dictamen de alcaldías, con la aprobación en lo general del artículo 58 que abre la puerta a la división de las actuales demarcaciones territoriales con el fin de mejorar los servicios.
