Más Información
diana.fuentes@eluniversal.com.mx
A ocho días de que venza el plazo para tener lista la redacción final de la Constitución de la Ciudad de México, ayer los diputados de la Asamblea Constituyente dedicaron más de una hora en discutir si se debía o no acatar la recomendación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) para ofrecer una disculpa pública al ex diputado de Morena, Mardonio Carballo.
Lo anterior, luego de que Mardonio Carballo abandonara en diciembre de 2016 la presidencia de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Constituyente por ser víctima de discriminación.
El morenista Bernardo Bátiz consideró que lo correcto sería ofrecer la disculpa como lo pidió la Copred y continuar con el trabajo en el Pleno, dado el corto tiempo que se tiene para desahogar los articulados de la Constitución.
El vocero de los diputados constituyentes del PRD, Roberto López, lamentó que el poeta culpe a todo el órgano legislativo de haberlo discriminado.
Por ello, consideró viable que Carballo regrese a la Constituyente para que diga quiénes cometieron actos de discriminación en su contra.
Más tarde, los constituyentes aprobaron el artículo 54 relativo al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En el dictamen aprobado por mayoría calificada establece que las resoluciones del Pleno del Instituto serán causa de responsabilidad administrativa para servidores públicos responsables.
También se determinó que el presidente del Instituto será designado por los propios comisionados a través de voto secreto por un periodo de tres años, sin posibilidad de reelección, ya sea sucesiva o alternada.
En lo relativo al artículo 55 sobre el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente estableció que como autoridad responsable de organizar los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana.
El artículo 56 también contó con el apoyo mayoritario para que el Instituto de Defensoría Pública ofrezca asistencia profesional y gratuita de abogados públicos para la defensa de las personas que están sometidas a proceso judicial.
El presidente de la Comisión de Poder Judicial, Manuel Díaz Infante, aseguró que la creación de este instituto representa uno de los más mayores consensos alcanzados. Se evitará que algunas personas sometidas a proceso pierdan los juicios por la negligencia de los abogados tanto privados como públicos.
En este articulado se estableció un servicio civil de carrera para los defensores públicos, y que su salario no podrá ser inferior al que corresponda a los agentes del Ministerio Público.
