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Por primera vez en la Ciudad de México los capitalinos tendrán representatividad en las decisiones del Poder Judicial, pues diputados de la Asamblea Constituyente aprobaron la creación del Consejo Judicial Ciudadano, el cual designará a los consejeros de la Judicatura y propondrá la terna para elegir al titular de la Fiscalía General de Justicia.
Como parte de los cambios de fondo al Poder Judicial que ayer aprobaron legisladores en la Constitución Política de la capital, también se estableció que el presidente del Tribunal Superior de Justicia local sólo dure un año en el cargo sin posibilidad de reelegirse y no podrá ser al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura, pues esto representa hasta ahora un conflicto de intereses, señalaron legisladores de PAN y PRD.
El Consejo de la Judicatura es el órgano que vigila y evalúa al Poder Judicial local y está encargado de nombrar a los jueces de la capital.
En la sesión de ayer se aprobó el artículo 42 sobre el Consejo Judicial Ciudadano, que se integrará con 11 personas —siete profesionales en Derecho— que serán propuestas por instituciones académicas, colegios de abogados, organizaciones civiles y sociales, éstas últimas con al menos cinco años de existencia y serán designadas por dos tercios del Congreso. Este consejo designará a los siete integrantes del Consejo de la Judicatura y es una propuesta original del proyecto de Constitución enviado por el jefe de Gobierno.
En tribuna, los diputados de la comisión de Poder Judicial: Julio César Moreno, del PRD; Javier Quijano, de Morena; y Santiago Creel, del PAN, apoyaron la creación del consejo ciudadano pues acerca este poder a los capitalinos y separará al Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, lo cual consideraron fundamental para su autonomía.
Hasta anoche, Ana Laura Magaloni, del Grupo Constitucionalista, consiguió que se aprobara una reserva para establecer que el consejo ciudadano no sea permanente y se conforme sólo cuando se vayan a hacer designaciones, así como que los cargos sean no remunerados, lo cual ganó el apoyo de diputados como Roberto Gil, del PAN, quien antes criticó que se crearía un “súper poder” por ser un órgano permanente.
Dicho consejo generó polémica pues el PRI, Ejecutivo federal, Encuentro Social, así como algunos diputados del PAN y Jaime Cárdenas de Morena se opusieron, pero la disposición alcanzó mayoría calificada.
Manuel Díaz Infante, del Ejecutivo federal y presidente de la comisión, consideró que el consejo “es una figura nociva” que destruirá al Poder Judicial y se dará poder excesivo al poder Legislativo; Cárdenas y Roberto Gil, del PAN, advirtieron que corre el riesgo de estar influido por cuotas partidistas, pues los miembros serán aprobados por el Congreso.
Los legisladores también habían aprobado el artículo 40 de la función judicial, que entre otras cosas indica que el presidente del Tribunal Superior de Justicia sólo durará un año en el cargo, lo que garantizará una “presidencia colectiva” entre magistrados, dijo Javier Quijano.
Se aprobó la creación de una sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia, que será el espacio para defender la exigibilidad de derechos, y Olga Sánchez del Grupo Constitucionalista resaltó que además se crearán juzgados tutelares y se podrán promover juicios de restitución obligatoria de derechos humanos.
