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Con 34 votos a favor, el pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la Ley de Vivienda a través de la cual se promueve y fomenta la vivienda en arrendamiento. A la par se estipula la implementación de mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas.
De acuerdo con el dictamen de ley avalado con la abstención de los 20 diputados de Morena y uno de Fernando Zárate, del Partido Verde Ecologista, se justifica que la captación de plusvalía será destinada a la defensa y mejora del espacio público, así como en infraestructura urbana.
El artículo 94 de la citada ley formaliza que la Secretaría de Finanzas deberá asignar al Instituto de Vivienda (Invi) un porcentaje de los recursos obtenidos por captación de plusvalías para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social y popular.
Fernando Zárate alertó sobre los riesgos de inconstitucionalidad que llevará a la Asamblea Legislativa el aprobar el cobro de plusvalía.
Fue en ese momento cuando inició el debate en el recinto de Donceles y Allende, en el que sólo el diputado del Verde Ecologista dio la batalla en contra de la aprobación del articulado que promueve la plusvalía.
Desde tribuna argumentó que se viola el principio de certeza jurídica consagrada en la Constitución, independientemente en la Asamblea Constituyente se analiza aplicar cobros adicionales por concepto de valor agregado a propietarios de inmuebles.
Los presidentes de la Comisión de Gobierno y de Vivienda, Leonel Luna y Dunia Ludlow, respectivamente, aseguraron que esta ley permitirá generar el esquema normativo para la implementación de políticas públicas destinadas a la producción de vivienda popular o de interés social.
“La ley obliga a autoridades a que la vivienda sea adecuada, lo que significa que tenga seguridad jurídica, servicios básicos y espacios públicos adecuados; espacio suficiente para garantizar el desarrollo familiar y personal; asequible al nivel de ingresos de sus ocupantes; con buena ubicación y con condiciones adecuadas de accesibilidad”, dijo la priísta.
Sobre la vivienda en renta, se fija que el gobierno capitalino —a través del Invi— podrá promover la vivienda en renta además de proponer a la Secretaría de Finanzas facilidades administrativas y fiscales para apoyar la construcción de este tipo.
Para ello se contempla la realización de convenios o acuerdos para la ejecución de programas de arrendamiento sólo con opción a compra.
Se impulsa que de acuerdo con las atribuciones de la Secretaría de Finanzas y el Invi promuevan esquemas para fomentar la vivienda usada para los sectores de la población, aunque determina deberán contar con condiciones de habitabilidad.
Aleida Alavez, de Morena, criticó que en esta ley se desechara la incorporación de los términos resiliencia y eficiencia energética.
La resiliencia estaba encaminada a la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro y no sólo implicaba la reducción de riesgos sino la capacidad de regresar a la situación estable anterior.
En la nueva ley no se prevé la reducción de riesgos y daños por catástrofes, como pérdidas humanas y bienes materiales. La Ley de Vivienda considera cinco ejes rectores: Derechos humanos e igualdad de género, política integral, vivienda en todas sus modalidades, desarrollo urbano y movilidad, así como financiamiento.
