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Con la aprobación a medias de artículos del proyecto de Constitución local, en su segundo día de sesiones la Asamblea Constituyente aprobó con 75 votos en favor, nueve en contra y ninguna abstención, el artículo 26 en el que se establecen las obligaciones para organizar la hacienda pública y que estipula incrementar la infraestructura urbana, garantizar servicios de calidad e impulsar empleos y salarios.
Quedó eliminado el concepto de plusvalía y se modificó de última hora el numeral siete que permitía nuevas “contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos”, pero la redacción se sustituyó por los impuestos que marque la Constitución federal, como lo propuso el diputado perredista y presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la capital, Humberto Lozano.
Durante la sesión de ayer, el concepto de progresividad fiscal provocó debate. Una reserva suscrita por los diputados Ernesto Cordero y Santiago Creel, del PAN, y César Camacho, Enrique Jackson y Eduardo Escobedo, del PRI, pedían que se eliminara lo referente a la progresividad fiscal y sólo quedará el concepto de proporcionalidad.
La petición fue sometida a pleno, aunque no obtuvo mayoría calificada. Por esta situación la Mesa Directiva devolvió esa parte a la Comisión de Principios Generales, que tiene 72 horas para elaborar una nueva propuesta.
Camacho aseguró: “Necesitamos una hacienda más eficaz, combatir la evasión fiscal con mecanismos inteligentes. El estatismo rampante no conduce a nada. No hay que confundir con la progresividad fiscal”.
Cordero dijo que la proporcionalidad ya implicaba que quienes tienen más dinero paguen más impuestos.
Al abordar el artículo 73 relativo al régimen de capitalidad, por ser la Ciudad de México sede de los poderes federales, no consiguió la mayoría calificada, al quedar la votación 34 en favor y 44 en contra. La Mesa Directiva turnó nuevamente el dictamen a la Comisión de Principios Generales.
