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diana.fuentes@eluniversal.com.mx
Quedó listo el primer dictamen de la Asamblea Constituyente en donde proponen quitar la inmunidad del fuero constitucional al jefe de Gobierno y a todos los funcionarios. Además el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México lo presidirá un ciudadano y los órganos internos de control serán independientes de las dependencias y alcaldías, con titularidad rotativa.
Éstas son solo algunas de las modificaciones y ampliaciones que realizó la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Púbicos al proyecto de Constitución del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y que comprende del artículo 66 al 72.
En el dictamen que fue avalado ayer y será sometido a consideración del Pleno de la Asamblea Constituyente en los próximos días, precisa que sólo los diputados al Congreso de la Ciudad de México son inviolables en sus opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
En lo relativo al Artículo 68, los diputados de la comisión presidida por el también senador Armando Ríos Piter, determinaron que la Auditoría Superior de la Ciudad de México contará con autonomía constitucional, presupuestal, técnica y de gestión en el ejercicio de sus funciones, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
Ejercerá sus funciones de fiscalización y evaluación bajo los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia y eficiencia, adoptando para tal efecto las mejores prácticas.
En materia de responsabilidades administrativas, en el Artículo 79 se determina que todo servidor público tendrá la obligación de presentar y comprobar las declaraciones sobre su situación patrimonial, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sus posibles conflictos de interés, que serán publicitadas en los términos que determinen las leyes generales y locales respectivas bajo los principios de transparencia, máxima publicidad y protección de datos.
De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México, correspondiente al Artículo 67, los diputados de la Comisión acordaron que la secretaría encargada del control interno será la dependencia responsable de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la administración pública. Su titular será designado por las dos terceras partes del Congreso, a propuesta en terna del gefe de Gobierno, y podrá ser removido.
Contará con un área de contralores ciudadanos que realizaran sus funciones sin remuneración económica.
Después de dos meses de trabajo, de las ochos comisiones que existen en la Asamblea Constituyente sólo la de Piter cuenta con un dictamen sobre los articulados que competen a la Comisión de Buen Gobierno.
