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david.fuentes@eluniversal.com.mx
Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Edgar Elías Azar, la adhesión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) al Poder judicial capitalino no colapsará el órgano jurisdiccional ni tampoco representa el despido masivo de trabajadores, aunque dejó en claro que para un buen desempeño después de la fusión, se necesita de un mayor presupuesto y adecuación en las instalaciones e infraestructura.
Algo con lo que por el momento no cuenta; sin embargo, aseguró el presidente magistrado que el Tribunal está preparado para eso y mucho más, así lo explicó ante la inquietud que han mostrado algunos empleados de la JLCA de perder su trabajo por la inminente reforma que dotará de facultades al Poder Judicial para tomar el control de los asuntos laborales que se dirimen en las juntas.
Sin abundar en tantos detalles, pues a decir del magistrado aún faltan por afinarse las normas que deben regir la adhesión, advirtió que esta posibilidad será benéfica también para todos aquellos que tienen un juicio laboral, pues se busca terminar este proceso en muy poco tiempo; sin embargo, adelantó también que no será de inmediato al revelar que el nuevo sistema penal, no está no si quiera parejo en todo el país.
“La opinión que puedo dar en este momento, digamos, es prematura, pero lo que sí les digo es que el tema de la reforma laboral y del congestionamiento de expedientes, en primer lugar está generado por un problema legislativo; se requiere de un nuevo procedimiento mucho más ágil y que le permita a la gente recibir con mayor exactitud el tema de justicia”.
“El Tribunal está preparado para esto. El Tribunal nuestro de la Ciudad de México está preparado para esto y para muchísimo más. Hemos demostrado que es un Tribunal muy fuerte; que los tribunales del país pueden con la responsabilidad, pero todo va en proporción de los apoyos que se necesiten”, comentó.
Aclaró que las autoridades deben corresponder al apoyo que está dando el poder judicial local, pues la falta de presupuesto afecta el desempeño sobre todo en infraestructura, pues aunque se están liberando juzgados, se espera que con esta adhesión se vuelvan a ocupar las salas y el tema laboral es basto en el país.
“Un cambio tan drástico como la reforma penal y laboral requiere cambio de mentalidad, preparación y mucho trabajo”, puntualizó.