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La legalización del trabajo sexual y el derecho a votar a partir de los 16 años pueden quedar fuera del documento final de la Constitución Política de la Ciudad de México, debido a que hay una división marcada entre los diputados de la Asamblea Constituyente sobre estos temas, mientras que el contenido sobre las alcaldías sería uno de los que sufran los cambios drásticos.
EL UNIVERSAL buscó a diputados de los 10 grupos parlamentarios para conocer su postura sobre 10 contenidos del proyecto de Constitución redactado por un grupo de notables y enviado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; sólo PRI y Partido Verde no dieron respuesta pero, en el caso del tricolor, se retomaron algunos posicionamientos previos. En temas de trabajo sexual, voto a los 16 años y alcaldías se detectó más polarización,
En contraste, las propuestas que reúnen mayor consenso y tienen más posibilidades de consagrarse en la Constitución son el matrimonio igualitario, interrupción legal del embarazo, eutanasia, uso medicinal de la marihuana, gobiernos de coalición, revocación del mandato y la no reelección del titular del Tribunal Superior de Justicia local.
La Asamblea Constituyente tiene 100 diputados y para aprobar un artículo se requiere mayoría calificada equivalente a los votos de dos terceras partes, que son al menos 67.
Por ello, aunque sumarán fuerzas las bancadas más numerosas: PRD y Morena con 23 y 22 diputados, respectivamente, requieren el apoyo de al menos otros dos grupos parlamentarios para llegar a la mayoría calificada.
En la “tablita”. La propuesta de reconocer en la Constitución el trabajo sexual como un trabajo no asalariado está en riesgo de quedar fuera. Sólo en los grupos constitucionalistas, del Ejecutivo federal y Movimiento Ciudadano, que suman 15 diputados, hay una definición a favor.
En el PRD, la coordinadora del grupo parlamentario, Dolores Padierna, dijo que sacarán el tema pues “hay una mayoría en desacuerdo para considerarlo algo voluntario. Es un asunto de violencia a las mujeres”.
El constituyente del mismo partido, Julio César Moreno, señaló que hay una división de opiniones.
A esto se suma la negativa del PES, la duda del PAN sobre si este tema tendría que estar o no en la Constitución, mientras que Morena y Nueva Alianza están abiertos al debate pero difieren del planteamiento inicial.
Gabriel Quadri, de Nueva Alianza, recordó que en otros países se ha legalizado esta actividad pero advirtió que la propuesta del borrador “promovería la informalidad y a su vez redes de explotación, clientelares y de corrupción”.
Otro tema complicado es la reducción de edad para votar a los 16 años, que sería un derecho innovador en el país.
PAN, PRI, Ejecutivo federal y el PES consideran que se violaría la Constitución General de la República.
En tanto, PRD, Morena, grupo constitucionalista, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza apoyan este derecho al argumentar que la ciudadanía se adquiere antes de los 18 años y que los jóvenes son más participativos y conscientes, sin embargo estas fracciones juntas sólo alcanzan 60 de 67 votos para la mayoría calificada.
Cambios en alcaldías. El tema de alcaldías tendría serias modificaciones, de acuerdo con la consulta a las diferentes fuerzas.
PAN y Morena son de los partidos que han externado más su desacuerdo sobre la redacción actual y piden mayores facultades como personalidad jurídica y autonomía presupuestal. El PRD también ha coincidido en buscar mayores atribuciones, igual que el grupo del Ejecutivo Federal y el PES.
A su vez, César Camacho, coordinador de la bancada del PRI, planteó que las alcaldías deben retomar las facultades de verificación en temas como usos de suelo y publicidad, por lo que debería desaparecer el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
Quien defendió el esquema del proyecto fue Alejandro Encinas, quien dijo que es novedoso y “transformará el federalismo en el país.
El actual proyecto plantea atribuciones como prestar servicios, realizar obras, otorgar licencias, permisos, concesiones, imponer sanciones por infracciones a leyes y reglamentos, convocar a plebiscitos, además de que contará con un concejo formado con representantes de los diversos partidos.
Temas viables. Derechos que ya se ejercen en la Ciudad de México, como el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo, los cuales imprimieron a la capital el sello de progresista, podrían, sin problema, elevarse a rango constitucional, lo mismo que la eutanasia.
Aunque PRI y Verde no dieron sus posturas, estos derechos tendrían un apoyo mayoritario, conformado por PRD, Morena, el grupo constitucionalista, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza e incluso del grupo del Ejecutivo federal.
Sobre el aborto, dichas fuerzas coincidieron en que se debe reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
En contraste, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, del PAN señaló que si ya se ha legislado sobre estos temas entonces “tenemos que ver si se requiere algo en la Constitución”, duda que hizo extensiva para la eutanasia, matrimonio igualitario y uso medicinal de la marihuana.
La diputada Cecilia Romero del PAN ha presentado una iniciativa contra el aborto, mientras que Hugo Eric Flores, de Encuentro Social, también expresó su oposición al tema.
El uso medicinal de la marihuana también tiene apoyo mayoritario, aunque Irma Sandoval, vicecoordinadora de la bancada de Morena, hizo la observación de que el asunto se debe debatir para cuidar que no se hagan propuestas “que fortalezcan la narcopolítica”.
Alejandro Chanona, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, llamó a cambiar el enfoque penal por una visión “de reducción de riesgos y daños, así como de salud pública para favorecer el adecuado tratamiento social del consumidor”. El Ejecutivo federal y Encuentro Social también expresaron su aprobación por el uso medicinal, mientras que Alejandro Encinas planteó incluso aprobar el uso lúdico.
Temas novedosos del proyecto de Constitución, como los gobiernos de coalición, la revocación de mandato y la no reelección del presidente del Tribunal Superior de Justicia local (TSJ) también son respaldados.
El caso de los gobiernos de coalición tienen un apoyo amplio, pues generarían mayor legitimidad de gobierno, pero Alejandro Chanona advirtió que si son llevados al extremo “puede haber una fragmentación de la autoridad”.
Sobre la revocación de mandato, Santiago Creel, coordinador del PAN expresó agrado pero advirtió que hay un antecedente de inconstitucionalidad en otra entidad, Chihuahua.
Acerca de la no reelección del presidente del TSJ, PES y Nueva Alianza están en contra; PAN se dijo abierto al debate, mientras que izquierda consideraron que es un “cambio necesario”.
