Más Información
metropoli@eluniversal.com.mx
La Asamblea Constituyente está obligada a consultar a casi 300 pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México acerca del contenido de la Constitución Política que aprobarán los diputados; pero el tiempo, la definición de una metodología, la falta de recursos y la cantidad de comunidades a consultar convirtieron el ejercicio en uno de los retos más complicados para sacar adelante el texto constitucional.
En la capital hay al menos 292 representaciones de estos grupos de población, de los cuales 143 son pueblos; 91, barrios originarios y al menos 52 asociaciones de comunidades indígenas, y todas suman más de 3 millones de habitantes, de acuerdo con datos del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios.
“La consulta no es opción, debe hacerse porque así lo mandatan los tratados internacionales suscritos por México”, aseguró el consejero del Instituto Electoral local, Carlos González.
La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas indígenas y el convenio 169 de la Organización del Trabajo son parte de los acuerdos y para ello el responsable del ejercicio es la Asamblea Constituyente a través de su comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, presidida por el diputado de Morena, Mardonio Carballo.
El constituyente aceptó que uno de los retos en la comisión es lograr consenso sobre el grado de participación de instituciones para apoyar la consulta. “Lo que no se quiere es que (las instituciones) violenten la autonomía de la comisión y se partidice en aras de un clientelismo”, advirtió Carballo.
Lamentó que hay un tiempo corto para el ejercicio y no hay recursos previstos. Sin especificar, el consejero electoral Carlos González consideró que la consulta puede tener bajo costo, sólo para la difusión y logística, pero aclaró que no tienen recursos, por lo que deberían ser aportados por la secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades o que haya una ampliación presupuestal para el IEDF.
Expresó la disposición del instituto de apoyar en el proceso y llamó a avanzar en el tema pues se requieren al menos tres semanas para organizarlo.
Tanto él como Fabiola Poblano, titular presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios —reconocido por el gobierno local— coincidieron en que debe iniciar la difusión de la consulta antes del 12 de diciembre, porque después las comunidades inician celebraciones y peregrinaciones religiosas.
Los resultados deben estar listos antes del 15 de enero próximos, añadió González para incluirlos en la Constitución, que deberá ser aprobada a más tardar el día 31 del mismo mes.
La comisión de Pueblos y Barrios en la Constituyente esbozó un método de consulta mediante asambleas informativas, deliberativas y de recolección de resultados directo en las comunidades, a lo cual Fabiola Poblano consideró que “no dará tiempo” y recomendó simplificar a través de notificaciones a las autoridades representativas.
Esta semana, los constituyentes recibieron a Víctor Toledo, representante de la ONU en temas de pueblos indígenas, quien aclaró que el contenido de Constitución se deberá exponer de manera sencilla.
Y revientan sesión. Ayer, la diputada constituyente del PRD, Nelly Juárez, en calidad de secretaria de la comisión, levantó la sesión en respuesta a que los diputados de Morena no habían llegado a tiempo luego de un receso de 20 minutos, que concluía a las 16:20 horas y acusó a los morenistas de romper acuerdos sobre la definición de cómo otras instituciones apoyarían la consulta y señaló a las diputadas Patricia Ruiz y Consuelo Sánchez de recurrir a los gritos para imponer sus posturas.
