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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Perla Gómez, solicitó que la Constitución de la Ciudad de México establezca facultades para poder imponer multas e iniciar juicios políticos a las instituciones que no cumplan con las recomendaciones de este órgano autónomo.
En reunión con la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Autónomos de la Asamblea Constituyente, la ombudsperson planteó cambiar algunas de las nuevas atribuciones que plantea el proyecto de Constitución, como emitir recomendaciones de carácter vinculatorio, poder interponer juicios de restitución de derechos, si las instituciones las incumplen; además de contar con una defensoría de oficio para dotar de abogado a la gente sin recursos.
Gómez Gallardo expuso que las facultades descritas en el proyecto convertirían a la comisión “en juez y parte” de la resolución de quejas, por lo que en su lugar pidió los mecanismos de multa, juicio político y dejar fuera del órgano a la defensoría de oficio, pues la comisión se involucraría en procesos jurisdiccionales y eso desvirtuaría su carácter de “contrapeso del poder del gobierno”.
Aclaró que el artículo 102 B de la Constitución General de la República establece el carácter “no jurisdiccional” de los órganos defensores de derechos humanos, por lo que sus recomendaciones no podrían ser vinculatorias. La titular de la CDH local y diputados constituyentes de la comisión sostuvieron una amplia discusión sobre estos temas.
Discuten facultades. Ana Laura Magaloni, constituyente del grupo designado por el jefe de Gobierno, defendió el proyecto constitucional, pues dijo que las comisiones de derechos humanos han perdido fuerza, y medidas como incluir a los defensores de oficio, potencializaría a estos organismos para garantizar el acceso a la justicia a las personas que tienen menos recursos económicos.
Expuso que de 2003 a 2015, las autoridades sólo cumplieron a cabalidad 47% de las recomendaciones de la comisión y agregó que la actual defensoría de oficio, adscrita a la Consejería Jurídica, no ha servido porque además, está muy mal pagada.
Olga Sánchez Cordero, también constituyente designada por el mandatario capitalino, consideró que sí debe separarse la defensoría de oficio; el diputado del PRD, Juan Ayala, dijo que la opción es crear un instituto de defensoría de oficio, mientras que Javier Quijano, de Morena, planteó que tiene que estar en el Poder Judicial.
Roberto López, legislador del PRD, aceptó que hay opiniones encontradas en su bancada para definir la defensoría de oficio, por lo que se tiene que buscar “un punto que beneficie a los ciudadanos” y recordó la intención de incluir la solicitud de juicio político entre las facultades de la comisión.
Perla Gómez solicitó incluir facultades como poder establecer multas a las autoridades “que hayan incumplido con solicitudes y requerimientos de información y acciones de protección”, y dijo que esta facultad se ejerce en entidades como Sonora.
Los diputados también debatieron si se debe cambiar el nombre de la comisión por el de Defensoría del Pueblo, ante lo cual PRD y la propia ombudsperson, optaron por mantener el actual para evitar confusión.
