metropoli@eluniversal.com.mx
Los principios que se vayan a incluir en la Constitución de la Ciudad de México sobre desarrollo urbano y medio ambiente provocarán uno de los debates más complicados en la Asamblea Constituyente pues hay posturas muy diversas y opuestas entre los grupos parlamentarios, afirmó Enrique Provencio, presidente de la comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática.
En entrevista, explicó que entre los diputados de la comisión se perfilan acuerdos sobre contenidos de coordinación metropolitana, gestión de riesgos, ciudad global y sobre la creación de un instituto de planeación urbana.
Sin embargo, ocurre lo contrario en el caso de los artículos 21 y 22 del proyecto de Constitución, que hablan del desarrollo urbano y ambiental.
“Son los artículos más polémicos, hay toda una gama de posiciones en temas como la gestión del agua, y las figuras básicas de regulación de suelo y desarrollo urbano, diría que serán los artículos más complejos para el dictamen”, dijo el académico a EL UNIVERSAL.
Ambos temas son objeto de numerosas quejas ciudadanas, por ejemplo, de las 3 mil 71 quejas recibidas en lo que va del año en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), la mayoría, 36%, son por violaciones de uso de suelo, que implican problemas de desarrollo urbano desordenado, movilidad, tala de árboles y afectación de servicios públicos.
Enrique Provencio Durazo, constituyente del PRD y también ex titular de la PAOT, aceptó que la redacción final de estos artículos puede llegar al Pleno sin una propuesta de consenso.
La comisión que preside se encargará de elaborar el dictamen final sobre los artículos 21 a 25, que se refieren al desarrollo económico, urbano y rural, bienestar social, infraestructura, regulación del suelo, planeación, espacios públicos, ciudad global, entre otros.
El académico aseguró que el texto constitucional beneficiará a la ciudadanía, pues establecerá las bases para que se deriven leyes que permitan una intervención más directa de la ciudadanía en la determinación de usos de suelo; mejores normas de desarrollo urbano, de protección de espacios públicos, del patrimonio urbano y del suelo de conservación.
Respaldó la “función social del suelo”, concepto incluido en el proyecto constitucional y criticado por PAN y Nueva Alianza de poner en duda la propiedad privada, sin embargo aclaró que el objetivo es que haya reglas básicas para que la construcción de vivienda e infraestructura “tenga como fin fundamental el interés colectivo y público”.
“En la actualidad hay muchos procesos de desarrollo urbano que se dan solo en función del interés de desarrolladores y constructores, lo que necesitamos es un equilibrio de intereses, a eso se refiere la función social de la propiedad, es una figura enraizada en la tradición jurídica mexicana, y está en el artículo 27 constitucional. De ninguna manera es una función que atenta contra la propiedad privada”, sostuvo el constituyente.
