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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que preside el perredista Mauricio Toledo, inició ayer las comparecencias con los titulares locales de los tribunales de lo Contencioso Administrativo y Electoral, rumbo al análisis del presupuesto de 2017.
Pese a la difícil situación que atraviesa el país, los organismos autónomos coincidieron en solicitar más presupuesto para sacar adelante el trabajo.
Tan sólo el presidente magistrado del Tribunal Electoral, Armando Hernández Cruz, aseguró que para sacar a flote el proceso electoral se requieren 405 millones de pesos, que representa 53% más de lo que obtenido en 2016.
Aclaró que se han implementado medidas de austeridad al minimizar gastos de telefonía, fotocopiado, viáticos, electricidad, realización de foros, congresos y conferencias, aunado a la reutilización de materiales, con lo que se ha logrado ahorrar hasta tres millones de pesos.
No obstante confirmó que para 2017, cuando arranque el proceso electoral, no sólo para la elección de alcaldes que sustituirán a los jefes delegaciones, se necesitan más recursos.
Hernández sostuvo que dependiendo del ajuste presupuestal que tenga el tribunal, es probable que se dé una afectación e incluso impactar negativamente el arranque de los próximos comicios locales.
“Nosotros tenemos la obligación de darle certeza legal al todo el proceso electoral y partir de septiembre de 2017 que inician las elecciones, podrían iniciarse las impugnaciones que piden procedimientos sancionadores como los posibles actos anticipados de campaña”, sostuvo Hernández.
Antes, la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Yasmín Esquivel Mossa, argumentó que son necesarios 865 millones de pesos para la operación de este organismo. Para atender la incorporación del Sistema Anticorrupción requieren 76 millones 912 mil pesos; para la construcción del edificio sede, 320 millones 559 mil pesos, en una primera etapa, y cumplimiento de ejecutorias de amparo, 9 millones 202 mil pesos.
Recordó que este año tuvieron 432 millones de pesos, monto que representa 0.24% del presupuesto de la ciudad, 16% menos de lo que requiere.
Esquivel Mossa precisó a los diputados que 80% del gasto del tribunal se destina a cubrir pasivos y servicios personales, de los cuales 79% son por pago de nómina, 2% corresponde a materiales y suministros; 1% se destina a bienes e inmuebles; 18% a pagos por servicios generales y 9% restante al pago de renta del inmueble.
