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Las acciones institucionales que suman más de 670 millones de pesos para el reparto de diversos apoyos económicos o en especie en 13 de 16 delegaciones, si bien cuentan con reglas de operación, en su mayoría son deficientes y laxas, lo que abre la puerta a usos indebidos, a lo cual se suman cambios que los propios delegados hacen para subir o bajar el presupuesto y número de beneficiarios, incluso para relajar los requisitos de acceso a estos apoyos.
“Definitivamente, tal cual están las reglas de operación, las acciones se pueden usar de manera discrecional”, dijo Paola Contreras, coordinadora del Observatorio de Política social en la organización Incide Social A.C., por lo que en muchos casos no se puede garantizar que estos apoyos se entreguen a quienes lo necesitan.
Un ejemplo, agregó, está en las reglas para el reparto de más de 11 mil carriolas en la delegación Coyoacán: “Son absolutamente discrecionales, pues se establecen requisitos para acceder al apoyo, pero en ninguno hay una forma de revisar si la persona está en una condición de marginación o no, como señalan en sus objetivos”.
EL UNIVERSAL publicó que 13 de 16 delegaciones han creado 118 acciones para repartir diversos bienes a personas en situación de vulnerabilidad, pero en condiciones propicias para la opacidad y el uso electoral.
Aunque las delegaciones publican reglas de operación para estas acciones, se establecen criterios dispares. Por ejemplo, para la entrega de láminas y tinacos a personas en situación de pobreza en Cuajimalpa se incluyó en los requisitos que los solicitantes cumplan con un estudio socioeconómico y aportar una foto de la vivienda.
En contraste, en la delegación Venustiano Carranza no se realizaron estudios; a los interesados se les pide sólo documentación oficial, vivir en la demarcación y manifestar “bajo protesta de decir verdad” que no cuenta con el dinero para adquirir un contenedor.
En Coyoacán, el reparto de tinacos se restringió a los domicilios que promotores delegacionales visitaron, según se lee en las reglas de operación.
A su vez, las reglas son modificadas por los delegados, prácticamente a placer. Un ejemplo es la acción Apoyo comunitario en Magdalena Contreras, el presupuesto inicial era de 19.6 millones de pesos, según las reglas del 29 de abril, pero en septiembre la demarcación lo aumentó a 26.9 millones.
Contreras enfatizó que el origen de estas acciones era atender “cuestiones eventuales” y ahora se han multiplicado sin garantizar la mitigación de condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
“Se aplican en acciones aisladas que no están realmente atacando los factores que generan empobrecimiento o condiciones de desigualdad”, expuso.
De las 118 acciones sociales publicadas, 43 fueron modificadas.
