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Mediante la implementación de diversas acciones sociales que, en la mayoría de los casos, carecen de reglas de operación y no son transparentes, 13 de los 16 jefes delegacionales de la Ciudad de México han “regalado” 670.7 millones de pesos en lo que va del año. Esta cifra supera cuatro veces el presupuesto destinado a la Secretaría de Protección Civil, que fue de 153 millones de pesos, o más del doble de lo que el gobierno central destinó en 2013 para programa de bacheo.
Los recursos se brindan a través de diversos programas como la entrega de tinacos, pintura para fachadas, dinero en efectivo, zapatos, mochilas, calentadores solares, tabletas carriolas y hasta ataúdes, entre muchos más.
Al carecer de mecanismos para su aplicación y operación, se da pie al uso discrecional de los recursos, así como también a una utilización clientelar, sobre todo porque muchos de estos programas delegacionales se implementaron durante los comicios para elegir a los diputados que integrarían la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En otros casos fue para la renovación de los Comités Ciudadanos.
Paola Contreras, coordinadora del Observatorio de Política Social en la organización INCIDE Social A.C., afirmó que las acciones institucionales se prestan a usos con fines electorales clientelares, pues carecen de la vigilancia y los candados que tienen los programas sociales, como la vigilancia a través del Comité de Planeación del Desarrollo (Coplade), que es presidido por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), aunque señaló que incluso no se respetan las normas en los propios programas.
José Ramón Amieva, titular de la Sedeso, precisa que los delegados tienen la total libertad para operar esos recursos que no pasan por su escrutinio como presidente de la Coplade.
Jefes delegacionales consultados defendieron la aplicación de estos recursos y señalaron que no infringen alguna ley, aunque la delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, admitió que los mecanismos son susceptibles a usos indebidos.
Desde una despensa hasta trabajo
EL UNIVERSAL rastreó un total de 118 acciones institucionales publicadas por las demarcaciones en la Gaceta Oficial, entre el 1 de enero y el 7 de octubre. Algunas se modificaron posteriormente para aumentar o reducir el presupuesto y el número de beneficiarios o cambiar los requisitos de acceso. Otras a unos días o, incluso, durante las campañas de la elección a la Asamblea Constituyente del 5 de junio, o de las elecciones de comités ciudadanos en septiembre.
Las delegaciones que más destinaron dinero son Iztapalapa, Coyoacán, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztacalco, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, en ese orden. Las primeras cuatro son gobernadas por el PRD, Tláhuac por Morena mientras que las dos últimas, por el PRI.
Benito Juárez, Cuauhtémoc y Xochimilco no cuentan con estos programas.
Iztapalapa, la demarcación más poblada con 1.8 millones de habitantes, ha destinado 208.7 millones de pesos en 19 acciones. Entre las que destacan Poder Ciudadano con 72.2 mdp, Poder vincularse con 36.1 mdp y Enlace Ciudadano para la promoción del rescate del espacio público y desarrollo sustentable, al que asignaron 22.6 mdp.
Explican que dichos proyectos buscan “incentivar la participación social” y el objetivo es tener un padrón de 2 mil 247 personas, que sin una relación contractual, realicen diversas tareas para la delegación por las que reciben de 3 mil hasta 15 mil pesos para transporte y alimentos durante un año.
Algo similar hicieron Magdalena Contreras y Tlalpan. En la primera, gobernada por el PRI, asignaron 26.6 millones de pesos para 587 personas sin experiencia que realizarían “acciones de política social”.
La delegada de Morena en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, destinó 10.2 millones de pesos para 217 personas que promuevan programas sociales y atiendan demandas ciudadanas.
Coyoacán es la segunda demarcación con más dinero utilizado mediante estos mecanismos, pues para 10 acciones asignó 199.8 millones de pesos. Del total, 129 millones de pesos son para impermeabilizar, pintar y arreglar espacios en unidades habitacionales.
Tiempos electorales
Las acciones sociales de Coyoacán fueron polémicas porque su publicación se realizó antes de las campañas de la Asamblea Constituyente, como el mantenimiento de unidades o la repartición de mil 666 tinacos. En el caso de elecciones vecinales, propuso repartir de 11 mil carriolas con inversión de 13.7 millones; pero ante su difusión decidieron suspenderla de última hora.
Coyoacán también invirtió 20 millones de pesos para repartir 43 mil pants y 11.1 mdp para 3 mil 94 tabletas electrónicas a niños y jóvenes.
El delegado perredista de Venustiano Carranza, Israel Moreno, ha invertido 65.9 millones de pesos. Las reglas de operación de tres de sus acciones se emitieron el 8 de abril, a 10 días de las campañas de la Constituyente y se trata de instalar mil tinacos cisterna; regalar 2 mil 100 pesos a más de 6 mil beneficiarios de programas con el supuesto de gastarlos en atención médica especializada o para reparar unidades habitacionales.
Por si fuera poco, regaló ataúdes a familias de escasos recursos que perdieron a un familiar.
Bajo un esquema similar, el 31 de marzo, el delegado de Gustavo. A. Madero, Víctor Hugo Lobo, dio a conocer cuatro de sus seis acciones, consistentes en dar dinero a 3 mil personas que no estudian ni trabajan, así como a 3 mil alumnos de educación superior, entre otras más.
En la misma fecha, anunciaron que entregarían mil 500 pesos a 13 mil personas de escasos recursos para que compren alimentos y 8.6 millones de pesos para 8 mil despensas.
Tláhuac, gobernada por Rigoberto Salgado, de Morena, tiene 16 acciones que suman 34.1 millones de pesos. A unos días de la campañas de la Constituyente anunció el reparto de 6 millones de pesos entre 4 mil 267 alumnos de nivel básico para apoyar sus estudios; 500 mil pesos para dar desayunos a 155 estudiantes de secundaria de escasos recursos, y 400 mil para apoyar 20 proyectos de talleres de equidad de género.
Sin transparencia
En Iztacalco los presupuestos de 11 de 15 acciones no se transparentaron las reglas de operación y estas también surgieron a días de las campañas para la Constituyente. No son públicos los montos para entrega de tabletas, zapatos, anteojos, uniformes deportivos, cursos para ingresar a la preparatoria o universidad; contratación de monitores de cursos de verano, servicios funerarios, aparatos auditivos y esto a pesar de que en varios se fijaron el número de apoyos a regalar.
De las especificadas, está la entrega de 20 mil despensas con 20 millones de pesos; 4.5 mdp para 300 paquetes de higiene para bebés, así como dinero a personas con discapacidad o en situación de pobreza.
Se defienden
Los jefes delegacionales como Valentín Maldonado (PRD), de Coyoacán, y Miguel Ángel Salazar (PRI), de Cuajimalpa, defienden que tienen recursos etiquetados para gasto social.
“No tenemos nada que ocultar y todo está a la mano de quien quiera hacer una consulta”, aseguró Maldonado, quien añadió que sus acciones sociales se contemplaban en su proyecto de presupuesto y de gobierno.
Sin embargo, sostuvo que “hay quienes me pudieran cuestionar, pero la delegación Coyoacán no puede detener su marcha del día a día”.
Miguel Ángel Salazar, delegado en Cuajimalpa, consideró que la publicación de reglas de operación evita la discrecionalidad y las contralorías internas revisan las acciones.
“No creo que estemos cambiando la vida de alguien, pero sí estamos ayudando a un número determinado de personas, y es un logro”, sostuvo.
Xóchitl Gálvez, delegada en Miguel Hidalgo, dijo que los resultados de las acciones que aplicó se añadirán a su portal de datos abiertos y en su caso no se trata de dádivas, sino de cursos para entrar al bachillerato o la universidad, a quienes se les dio un iPad, sólo si pasaron el examen y para ello deben presentar la constancia de ello.
“Hay que ver que estas acciones institucionales no escondan corrupción, o no escondan discrecionalidad por parte de los delegados, que sí se podría prestar, entonces que se haga una evaluación externa de cómo se emplean las acciones institucionales”, advirtió.
Se buscó la versión de algún delegado de Morena, pero no hubo respuesta.
El secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, aclaró que su dependencia no revisa las acciones institucionales, por lo que no pasan por una evaluación externa del Coplade.
“Solamente te puedo hablar de programas sociales, el tema de acciones institucionales tienen una naturaleza presupuestal, sé que su objetivo es apoyar a los habitantes, pero no conocemos de éstas”, aclaró.
Una revisión a las reglas de operación muestra que las demarcaciones establecen indicadores muy sencillos, como calcular el número de beneficiarios o el número de solicitudes atendidas, pero no se detallan los procesos de evaluación y seguimiento por parte de las direcciones de Desarrollo Social o Participación Ciudadana de las delegaciones.
Entre los requisitos que suelen pedir las delegaciones para acceder a un apoyo, están habitar en esa delegación, presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y que el solicitante acuda a las sedes delegacionales para que reciban los tinacos, carriolas, becas, dinero en efectivo, pants zapatos y demás artículos que “regalan” los jefes delegacionales.
