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Con una férrea defensa hacia el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, al advertir que él no es responsable de los presos políticos del 1 de diciembre porque en esa fecha aún no asumía la administración, el consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias, aclaró que la Asamblea Legislativa no tiene atribuciones específicas para aprobar una ley de amnistía.
“La Sexta Legislatura reformó el delito de paz pública; por cierto delito que construyó una consejera jurídica de su partido [Morena] dándole la gravedad de este delito a quienes se manifestaban en esta Ciudad, a quienes de manera directa puntualizaban ataques al gobierno de la capital”, recordó.
Recapituló que la razón fue porque se tenían tomadas las instalaciones del Metro a un ex jefe de gobierno local.
Ante la insistencia de la bancada de Morena de sumarse y pronunciarse en favor de la ley de amnistía que hoy será presentada ante el pleno y aplicarla de inmediato para no permitir que inocentes permanezcan en cárceles de la capital, Granados aclaró que la izquierda no está contra las causas sociales.
Por ello, adelantó que hoy se realizará una mesa de revisión jurídica para encontrar alguna fórmula legal para dar salida a este tema de los presos políticos que han sido detenidos de manera arbitraria entre 2012 y 2015. Se hará, dijo, sin incurrir en alguna inconstitucionalidad que pueda poner en riesgo la libertad de las personas.
Al comparecer ante el Pleno de la Asamblea Legislativa con motivo de la glosa por el 4to Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera, el consejero jurídico aprovechó para resaltar que todos los juicios promovidos por Morena en materia electoral fueron ganados y en ninguno se demostró desvío de recursos a favor de un partido político o acción de gobierno.
Granados subrayó que la defensoría pública, cuya efectividad es de 92% —es decir que de cada 10 litigios gana 9—, llevó 12 mil 900 juicios en materia familiar, civil y arrendamiento inmobiliario. Recalcó que en juicios derivados de asuntos civiles, se ahorró al erario más de 51 millones de pesos.
Frente a los diputados que con excepción de Morena no cuestionaron en nada al ex asambleísta, informó que 139 mil 600 personas fueron remitidas por incumplir con la Ley de Cultura Cívica y 11 mil 720 fueron enviados al Centro de Sanciones Administrativas, además de remitir a 2 mil 500 más por el delito de reventa.
Destacó la expedición de 32 mil actas de matrimonio y 2 mil 16 uniones civiles durante las bodas colectivas de marzo pasado. De igual manera, la entrega de alrededor de 200 mil actas interestatales y más de 39 mil rectificaciones por error o enmienda.
En materia de protección de derechos de la comunidad LGBTTTI, refirió la celebración de 51 matrimonios igualitarios y el trámite de 561 cambios de identidad de género.
