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phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
El Gobierno de la Ciudad de México tiene al menos 30 casos de construcciones que violan los Programas de Desarrollo Urbano Delegacionales, y que podrían concluir en su demolición.
La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, indicó que las irregularidades cometidas por los desarrolladores inmobiliarios no tienen que ver únicamente con el construir más pisos de los que le fueron autorizados, por lo que cada uno de los casos se mantiene bajo análisis.
“Cada uno [de los casos en revisión] seguirá su proceso, a lo mejor algunos todavía están desarrollando irregularidades, son por distintos motivos, no solamente por pisos, se trata de distintas causales por las que estamos realizando este tipo de estudios. Entonces la cuestión es cómo el gobierno garantiza seguridad, la seguridad jurídica y física de todos los ciudadanos, y es a partir de que todos cumplamos con las reglas”, dijo la funcionaria.
En entrevista en las instalaciones del Metro, la secretaria de Gobierno manifestó que las edificaciones irregulares se ubican en todas las delegaciones, aunque en mayor medida en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Cuahutémoc.
Destacó que la demolición del edificio ubicado en Puente de la Morena 94, en San Pedro de los Pinos, que inició ayer por la mañana, es el primer caso que se da desde 2004, año en que entraron en vigor los Programas de Desarrollo Urbano Delegacionales. Aunque aclaró que ello no significa que en las 30 investigaciones que se realizan concluyan de la misma manera.
“Muchas de ellas se encuentran ya suspendidas pero por razones legales no podemos obligar a los constructores a que ellos mismos demuelan; por ejemplo en esta construcción [la ubicada en Benito Juárez] nosotros lo estamos haciendo, pero ellos tienen que pagar lo que va a costar, que es alrededor de un millón de pesos, lo tienen que pagar los constructores”, indicó.
Patricia Mercado detalló que en el análisis de las construcciones irregulares participan la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Gobierno capitalina.
Enfatizó en que se trata de una política de regularización que busca enviar el mensaje a los desarrolladores inmobiliarios para que se apeguen a las normas vigentes y a construir el número de niveles que les fueron autorizados. También mencionó que mantienen un diálogo constante con la Canadevi, para que los apoyen a que constructores cumplan con la ley.
