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Con una inversión superior a los 2 mil 328 millones de pesos, la tarde de este martes el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar, inauguraron las salas de juicios orales adyacentes al Reclusorio Sur, donde se espera que al año se realicen 36 mil audiencias.
El recinto cuenta con cuatro edificios que albergan salas de audiencia de juicios orales penales, que se suman a las ya existentes en tres inmuebles más, situados en los reclusorios preventivos varoniles Norte y Oriente, así como en el de Santa Martha Acatitla.
Del nuevo edificio resalta la Unidad de Gestión Administrativa, la de cubículos de los jueces, salas de juicio oral, así como el área de informática, desde la que se opera el sistema de telepresencia, con el que se evita el traslado de reos de alta peligrosidad, y en la cual, además, se monitorean las audiencias y se respalda con un equipo de alta tecnología la información generada en los juicios.
El oficial mayor del TSJCDMX, Carlos Vargas Martínez, explicó al jefe de gobierno y al presidente del órgano judicial capitalino que con la infraestructura que entró en operación este martes, sumada a la ya instalada en dos edificios que se remodelaron, ubicados en Doctor Lavista 114 y James E. Sullivan 133, así como en el edificio de nuevas salas penales, se cuenta con una capacidad para realizar 36 mil audiencias al año, lo que resulta en una cifra inusitada en el país.
Agregó que desde la entrada en operación del nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio se han efectuado ya 8 mil 100 audiencias, y también destacó el sistema de telepresencia con el que se cuenta, y que, además de evitar el alto riesgo de traslados de reos peligrosos, permite llevar a cabo audiencias remotas cuando los intervinientes se encuentran hospitalizados.
Con la puesta en marcha de esta infraestructura, el TSJCDMX cuenta actualmente con espacios para 165 jueces y 36 magistrados, y permite operar 132 salas de audiencias. Además, se cuenta con espacios para 18 unidades de gestión judicial, siete unidades de informática y videograbación con tecnología de punta, y seis unidades de servicios generales.
Toda esta infraestructura también tiene espacios destinados para los otros dos operadores del sistema de justicia procesal penal acusatorio: Ministerio Público y Defensoría Pública.
