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david.fuentes@eluniversal.com.mx
La Asamblea de Barrios continúa tomando de manera violenta e ilegal edificios en la capital del país. La procuraduría local logró documentar su nuevo modus operandi: busca unidades departamentales recién construidas, manda a una mujer para que rente ahí y obtenga datos de cuántas familias viven en el lugar.
En una semana, con la información proporcionada por la infiltrada, llegan poco más de 50 personas armadas con palos, bombas molotov y armas de fuego a desalojar mediante la fuerza a los inquilinos, así consta en las capetas de investigación CI-FMH/ MH-1/UI-1 S/D00213/02/2016 y la CI- FMH/MH-1/UI-1 S/D00378/02/2016.
Esta denuncia la levantó el propietario de una empresa inmobiliaria que construyó una torre con 10 departamentos en la calle Laguna de Guzmán 60, colonia Anáhuac, delegación Miguel Hidalgo, que actualmente está tomada por esta agrupación que se identifica como integrante de la Asamblea de Barrios.
Los propietarios intentaron dialogar con los invasores. Fueron atendidos por Rocío Silva Espinoza, quien dijo pertenecer a la Asamblea de Barrios, ligada al grupo conocido como Los Claudios. La mujer condicionó la entrega del edificio por 60% del valor total del mismo, unos 6 millones de pesos, aproximadamente.
Por esta situación, el dueño del inmueble acudió a la procuraduría local a interponer la denuncia por despojo, así como por daños y lesiones —pues el día de la invasión golpearon a los inquilinos y a dos guardias de seguridad— y también por extorsión, al enterarse que quería una suma millonaria por el edificio.
Sin embargo, a pesar de documentar los abusos de la Asamblea de Barrios, las lesiones que le provocaron a tres familias que ya rentaban el edificio y la extorsión, demostrando que el predio así como los permisos de construcción están en regla, la autoridad no ha querido intervenir al argumentar que “le tienen miedo”.
“El Ministerio Público ha sido muy claro en este caso, nos dicen simplemente que tienen miedo. Ni si quiera los han notificado porque una vez fueron y corrieron a golpes a los agentes que intentaron dejar el citatorio.
“El actuario no quiere ni acercarse al lugar porque una vez que fue casi lo linchan. Estamos con las manos amarradas, es inaudito que ni la autoridad pueda sacar a esta gente. Si ellos tienen miedo, imagínese cómo están los propietarios”, comentó César Prieto, abogado de la empresa constructora que se disputa la torre departamental mencionada.
A diferencia de los edificios de la zona Centro, San Rafael, Roma o Condesa, de los que esta organización se ha adueñado, en éste no hay pancartas, banderas o logotipos que los identifique; no obstante, la estela de descomposición es la misma: los robos de autopartes y de celulares a transeúntes han incrementado.
Además, el inmueble ya es identificado como un punto de venta de droga al menudeo. Vecinos del lugar revelan que sólo basta tocar el timbre 303 y en cuestión de minutos se consigue de todo.
“De ahí no conocemos a nadie, sé que el edificio se lo están peleando, pero no tengo muchos detalles, sabemos que ahí vive gente peligrosa y mejor ni nos metemos en conflicto”, dijo una vecina en el anonimato.
Los propietarios del edificio exigen a las autoridades que actúen de inmediato, antes que el inmueble se deteriore y pierda su valor; también antes de que pase más tiempo porque, de ser así, los de la Asamblea de Barrios se sentirán dueños del lugar.
Sin embargo, a pesar de las quejas, en la procuraduría capitalina hacen oídos sordos.
