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Pedro Pablo de Antuñano, ex director general Jurídico y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, no ha podido comprobar la procedencia de los 600 mil pesos en efectivo con los que fue detenido el pasado 15 de septiembre, por lo que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México mantiene bajo resguardo el dinero.

El procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, informó que a pesar de estar en libertad la investigación continúa y se extenderá hasta la delegación Cuauhtémoc, pues ahora toca comprobar de donde salió ese dinero y, sobre todo, descartar que se trate de alguna actividad ilícita que involucre a la estructura administrativa de la demarcación.

Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc, aseguró que la detención de su ex colaborador se ha utilizado con tintes políticos. El golpeteo, enfatizó, “va a seguir porque como les voy a ganar la jefatura de Gobierno están muy nerviosos”.

En entrevista, después de participar en la Ceremonia Cívica Solemne Conmemorativa por el 31 Aniversario de los Sismos de 1985, el delegado dijo que si De Antuñano formó parte de su equipo de trabajo es porque “tuvo la confianza”, aunque advirtió que no “meterá las manos al fuego” por él.

“No meto la mano al fuego por nadie, cada uno tiene que asumir su responsabilidad y tiene que ser dueño de sus actos. Confío en que Pedro Pablo saldrá bien”, indicó.

Cuestionado sobre la denuncia presentada por el PRD-CDMX, ante la Contraloría General de la Ciudad de México, para que se audite la gestión del ex funcionario, Ricardo Monreal dijo que está dispuesto a comparecer si es necesario.

“Me parece muy bien; es más, la acepto y que la investiguen, y si quieren invitarme a comparecer voy con mucho gusto, porque el que nada debe nada teme. El PRD no tiene autoridad moral, ha destruido esta ciudad y son los que firmaron el Pacto por México. Así es que no tengo problema, el día que me inviten con mucho gusto a donde quieran, no tengo ninguna dificultad”, sentenció.

La Procuraduría confirmó que Pedro Pablo de Antuñano fue detenido en un retén de la Secretaría de Seguridad Pública, porque utilizaba un vehículo tipo escolta sin las identificaciones que ahora marca la ley. Sin embargo, fue puesto en libertad debido a que el delito cometido no está tipificado como grave en la nueva reforma penal.

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