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De nuevo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia capitalinas por detenciones arbitrarias en manifestaciones.
La institución ha realizado seis recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de manifestaciones públicas, en las que identificó el mismo patrón en la actuación de las autoridades: realizan encapsulamientos, detenciones ilegales y arbitrarias, el uso indebido y desproporcionado de la fuerza, incluso se documentan casos de tortura.
“En estos casos se reportó la negación de adecuada defensa para las personas imputadas y la falta de apego de los agentes del Ministerio Público a las reglas procesales para la determinación del ejercicio de la acción penal”, comentó Perla Gómez, titular de la CDH local.
De acuerdo con el documento enviado a las dependencias capitalinas, las personas detenidas durante manifestaciones son procesadas por delitos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública, que son delitos de tipo penal y “violentan el derecho a la libertad de expresión”. Gómez Gallardo refirió que el organismo ha instado a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a que derogue, de los delitos penales, estas faltas.
“Es preciso señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del Artículo 287, del Código Penal de la Ciudad de México, sobre ultrajes a la autoridad, pero la ilegalidad e ilegitimidad de dichos tipos penales, subsisten”, dijo la Ombudsperson.
A ambas instituciones les solicitó el pago de una indemnización para las víctimas, la investigación de las autoridades que participaron en la violación de las garantías de los manifestantes y la creación de talleres para los empleados a efecto de que se difunda el respeto al principio de igualdad y no discriminación.
Tras la ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los artículos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la Ombudsperson señaló que realizarán acciones para que la Asamblea Legislativa modifique o derogue los artículos 213 y 214 de la citada ley, porque pese a que no fueron invalidados, estas disposiciones inhiben el ejercicio de la libertad de expresión.
