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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) emitió una recomendación a ocho delegaciones ante la ilegalidades en que incurren tianguis de la capital, pues violan los derechos al medio ambiente, al libre tránsito y a la movilidad.
“Esta comisión identificó patrones de violaciones a derechos humanos donde el factor común es que se omite realizar visitas de verificación para garantizar medidas de protección civil y orden vial donde se instala el comercio informal”, dijo Perla Gómez Gallardo, titular de la CDH local.
La recomendación fue dirigida a las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se concentran la mayoría de los mercados sobre ruedas.
La ombudsperson explicó que los tianguis impiden el acceso a los vecinos y a los servicios de emergencia a domicilios, centros sociales y educativos debido a los puestos y vehículos de oferentes y consumidores.
Además, enfatizó, se generan grandes cantidades de residuos sólidos urbanos que no son recolectados por las autoridades; se propicia la aparición de plagas y se deteriora la infraestructura, áreas verdes y el equipamiento urbano, con conocimiento e inacción por parte de las delegaciones.
“Existen múltiples tianguis en las calles de esta metrópoli que han tenido un crecimiento importante por factores como la situación económica adversa en la Ciudad de México”, señaló Gómez Gallardo.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, en la Ciudad de México hay cerca de 420, con un total de 46 mil 273 comerciantes que distribuyen 20% de los productos básicos que se consumen en esta capital.
Un estudio de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que 38% de las personas que venden en tianguis lo hacen por necesidad económica; 35%, porque sus familiares realizaban esta actividad desde antes; 17% por gusto y 10% restante, por otro motivo.
La recomendación resalta que las normas de regulación del comercio informal es obsoleto, pues falta atención para resolver las controversias y vacíos legales que se generaron desde que se le transfirió la competencia a las delegaciones políticas.
“En los casos que documentamos se encuentran en delegaciones donde organizaciones de comerciantes se han apropiado de los espacios públicos sin que tengan el reconocimiento social de las personas vecinas, quienes ven afectado su bienestar, vida digna, incluso su integridad personal, y las autoridades han omitido cumplir con sus obligaciones”, explicó.
La comisión recomendó a las delegaciones realizar censos o actualización de los padrones de los tianguistas para identificar si se encuentran registradas en el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública, además de hacer un diagnóstico sobre los impactos sociales, ambientales y económicos donde se instalan los mercados sobre ruedas.
Tras el diagnóstico, en caso de determinarse que es inviable algún espacio público donde están los comercios, las demarcaciones deben establecer alternativas de reubicación.
La Secretaría de Gobierno deberá estructurar un proyecto para la expedición, actualización o modificación de la regulación de las actividades que se realizan en la vía pública.
