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Especialistas en desarrollo social y líderes de partidos políticos advirtieron un uso discrecional y clientelar en las acciones sociales promovidas por la delegación Coyoacán con casi 160 millones de pesos este año, las más recientes para la entrega de carriolas, tinacos y diferentes obras en unidades habitacionales.
EL UNIVERSAL informó ayer que ante coyunturas electorales, el gobierno encabezado por Valentín Maldonado ha lanzado diversos apoyos, los últimos anunciados ayer, con monto de 40 millones de pesos, y ninguno fue aprobado por el Comité de Planeación del Desarrollo (Coplade) para garantizar su eficacia como sucede con los programas sociales.
Uno de los gastos más polémicos será la compra de 11 mil 466 carriolas con 13.7 millones de pesos, en la cual “hay una gran discrecionalidad de a quiénes va a llegar” dicho apoyo, señaló María Enriqueta Cepeda, directora ejecutiva de la asociación civil Incide Social.
Consideró “deficientes” y “hechizas” las reglas de operación de este reparto por carecer de criterios de selección de beneficiarios, indicadores para medir su impacto social y estudios para justificar que sea el apoyo idóneo a los receptores, que son niños de cero a dos años, pues incluso a esa edad sería más útil recibir estimulación temprana, ejemplificó Cepeda.
Gerson Hernández, académico de la UNAM, consideró que estas acciones se han replicado desde la administración de Mauricio Toledo “para tener un posicionamiento político”.
Señaló que el actual delegado, Valentín Maldonado, debería comparecer ante la Asamblea Legislativa para explicar si este manejo de recursos estaba planeado en su proyecto de presupuesto, pues de otra manera podría incurrir en una ilegalidad.
En tanto, Martí Batres, dirigente local de Morena, acusó “una desnaturalización de las ayudas sociales” en Coyoacán, pues no cumplen con la ley y —en cambio— “se van a dar a quien dé su voto”.
Dijo que el partido analizará presentar una queja, pues podría ser una “irregularidad electoral” ante las elecciones de comités ciudadanos que se realizarán en dos semanas.
Mauricio Tabe, presidente del PAN en la capital, coincidió en que hay un manejo discrecional y lamentó que las acciones de Coyoacán “son legales, pero poco éticas por la sospecha que generan” debido a un uso clientelar, el cual se debe acabar.
Ayer, Coyoacán informó que destinará 40 millones de pesos para recuperar espacios públicos y sistemas de bombeo de agua en 22 unidades habitacionales ya preseleccionadas, con lo cual son casi 160 millones de pesos en acciones sociales este año.
Enriqueta Cepeda aclaró que el concepto de acciones sociales se creó para atender emergencias o imprevistos, lo cual no ocurre en Coyoacán, por lo que consideró preocupante que no se han podido frenar estas “acciones clientelares”.
