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Sin precisar el monto recaudado por el pago de multas en la Ciudad de México desde que entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito, el secretario de Seguridad Pública local, Hiram Almeida, aseguró que está dispuesto a asumir los costos políticos por esta norma jurídica.
“Aquí se pagaría cualquier costo político, cualquier cuestionamiento ante las 77 vidas que se han disminuido en la incidencia, creo ese es el factor fundamental que nos permite sustentar que lo que estamos haciendo está funcionando ”, aclaró.
Al sostener una mesa de trabajo con las Comisiones de Gobierno y de Seguridad en la Asamblea, Almeida reiteró que el reglamento no es una medida recaudatoria y que las fotomultas se basan en un principio de legalidad.
Puso como ejemplo que tan sólo en el caso de las fotomultas del 15 de diciembre al 15 de julio de este año, se han impuesto 427 mil 286 infracciones y que las tres principales conductas sancionadas no sólo son imágenes de excesos de velocidad, sino pasarse el alto e invadir el cruce peatonal.
Además de las 64 mil 17 multas impuestas por realizar vueltas prohibidas y las 5 mil 663 infracciones al transporte público.
Almeida Estrada dio a conocer a los asambleístas que se tienen 2 mil 608 controversias de diferentes ángulos y naturalezas por infracciones al reglamento. A su vez, 556 juicios controvertidos por los radares de velocidad.
Sobre las fotomultas, el diputado del Partido Humanista, Luciano Jimeno Huanosta, cuestionó al titular de la SSP local la domiciliación de la empresa Autotraffic, responsable de las videocámaras de vigilancia y que de manera sospechosa los oficios son remitidos a un inmueble sin habitar y propiedad del Invi.
“Todo esto va despertando hasta sospechas, ya estamos dudando que la legalidad de la existencia de la empresa, no sabemos, porque si tiene un domicilio que da y no existe, queremos saber quién dio ese domicilio. Se nos ha negado en la secretaría los anexos del contrato, no se nos han dado y ahí pudiera servir para ver el tipo de máquinas, ver todo lo que tienen y si efectivamente todo está sujeto a derecho”, señaló Jimeno.
Al respecto, el diputado de Morena, José Alfonso Suárez del Real, manifestó su preocupación ante las irregularidades que versan sobre un particular que recibe ingresos que le corresponden a la Ciudad.
“Es este órgano, les guste o no, el que tiene la facultad de fiscalización de los recursos adicionales. Han buscado muchas triquiñuelas para evitar este tipo de información y es preocupante porque los ciudadanos requieren y exigen saber cuánto ha ganado el particular con negocios donde se ‘chamaquean’ a la Ciudad”, expresó.
