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diana.fuentes@eluniversal.com.mx
El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) rechazó entregar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México un informe detallado sobre las supervisiones que ha realizado en los últimos años, al argumentar que no es de su competencia.
Después de tres meses de que el órgano legislativo local solicitara al titular del Invea, Meyer Kilp, un informe sobre las verificaciones administrativas que ha realizado en los últimos cinco años en materia de construcciones y edificaciones, el descentralizado aclaró que está imposibilitado para otorgar esta información.
A través de un escrito remitido al presidente de la Mesa Directiva de la diputación permanente, Luis Alberto Chávez García, el Invea aseguró que no es la autoridad revestida para verificar en materia de construcciones y verificaciones.
En el documento, el Instituto de Verificación Administrativa , a través del director de lo Consultivo y de Enlace Interinstitucional, Luis Javier Calderón, señaló que para dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano legislativo local tuvo a bien remitir el Punto de Acuerdo a las 16 delegaciones políticas de la capital del país.
En los oficios que fueron enviados el 7 de julio de este año a los directores generales de Jurídico y de Gobierno de las 16 demarcaciones, el Invea aclara que esta petición es competencia exclusiva de las delegaciones.
La promovente del punto de acuerdo de mayo pasado fue la presidenta de la Comisión de Vivienda, Dunia Ludlow, quien además solicitó a Meyer Klip especificar cuáles han sido las irregularidades identificadas y las acciones realizadas por el instituto.
En esta petición también estaba incluso el procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Miguel Ángel Cancino, quien tendría 30 días para remitir un informe pormenorizado sobre las principales violaciones cuando se construyen viviendas y la razón por la cual no se ha podido sancionar adecuadamente a los responsables.
De acuerdo con la petición hecha por la diputada del Revolucionario Institucional y aprobada por los demás asambleístas que integran la Diputación Permanente, el informe tendría que haber considerado un plazo de cinco años a la fecha.
En la tablita, su permanencia. En marzo de este año, el líder de la bancada del PAN, Jorge Romero Herrera, puso sobre la mesa una iniciativa por la que se abroga la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, la cual conlleva la restitución de las facultades que tenían las delegaciones para supervisar inmuebles y establecimientos mercantiles.
La Comisión Pública Local de la Asamblea Legislativa, presidida por el priísta Adrián Rubalcava, aún no sesiona y dictamina sobre este tema, pero ha aclarado que no se trata de un tema de revanchismo ni tampoco personal para perjudicar a Klip.
El legislador refirió que el Instituto de Verificación Administrativa cuesta a la ciudadanía casi 300 millones de pesos anuales, recurso que anteriormente se concentraba en las jefaturas delegacionales y que hoy en día les hace falta.
Las posiciones están encontradas en el órgano legislativo, ya que el Partido Humanista, en voz del asambleísta Luciano Jimeno Huanosta, opina que desaparecer este instituto sería como abrir nuevamente la Caja de Pandora de la corrupción que prevalece en las demarcaciones.
Morena opta por sanearlo, sin que ello represente remover al titular, bajo el argumento de que las acciones no necesariamente son responsabilidad única de quien dirige el instituto, por lo que considera revisar toda la actuación de quienes intervienen en esta dependencia capitalina.
