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El proyecto de renovación del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Chapultepec no se hizo de forma exprés, se confeccionó desde la selección de un inversionista en 2010 —durante la gestión de Marcelo Ebrard—, la entrega de una concesión en 2014 y los trámites necesarios para su construcción mediante un esquema de asociación público-privada, aseguraron autoridades capitalinas.
“No ha sido un proceso exprés, sino un proceso sumamente cuidado, tuvimos que revisar la propuesta del paradero, financiera, arquitectónica, de solución vial”, dijo Édgar Amador, titular de la Secretaría de Finanzas, al advertir que por eso se tardaron cuatro años en entregar el título de concesión a la iniciativa privada.
En 2010 se eligió a un inversionista preferente, Desarrollo Urbanístico Chapultepec S.A.P.I, pero fue hasta el gobierno de Miguel Ángel Mancera que le otorgaron la concesión para explotar 44 años el predio de 30 mil metros cuadrados; al término del plazo, el gobierno de la ciudad conservará el terreno, así como el edificio a construir. En entrevista con EL UNIVERSAL, los titulares de Finanzas y de la secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe Gutiérrez, defendieron el proceso para urbanizar el predio del Cetram, así como el esquema de financiamiento mediante una inversión privada estimada en 3 mil millones de pesos, que incluye la construcción de una torre de 49 pisos con oficinas, hotel y centro comercial.
“Buscamos un equilibrio entre rentabilidad y el beneficio social”, aseguró Édgar Amador, quien reconoció que autorizar una torre atraería más a los inversionistas.
“Se necesita crear condiciones de rentabilidad adecuada para que el inversionista proporcione la solución y provea de equipamiento público sin que haya cargo al erario”, comentó.
Los servidores públicos expusieron que a partir del proyecto la ciudad recibe como contraprestación inmediata un conjunto de obras por 920 millones de pesos: el Cetram, que operará a mediados de 2018, la extensión de túneles vehiculares en avenida Chapultepec para resolver el caos vial en la zona, la recuperación de espacios públicos y el mantenimiento de toda la infraestructura durante 44 años, esto sin invertir presupuesto.
Al término de las obras públicas, se alzará toda la infraestructura comercial, que estará lista en 2020.
Al preguntar si no resulta desproporcionado otorgar una concesión en la que se permite al inversionista edificar una torre de 49 niveles a cambio de un Cetram, los funcionarios dijeron que el uso de suelo en avenida Chapultepec lo permite.
Para autorizar el proyecto Cetram Chapultepec no se hizo un cambio de uso de suelo ni se aprovechó algún tipo de derechos adquiridos, afirmó Felipe Gutiérrez.
Detalló que por tener frente sobre Avenida Chapultepec, el predio es acreedor al uso de suelo habitacional mixto (que incluye la posibilidad de hacer comercios y oficinas), según el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc, el cual permite la aplicación de la norma de ordenación general 10, que eleva la altura a 22 niveles.
A su vez, la Seduvi autorizó la aplicación de un polígono de actuación para reacomodar hacia arriba el potencial de construcción del predio, lo que dio los 49 pisos y mayor área libre, pues de otro modo la obra “sería muy invasiva e impactante con el entorno patrimonial de la Secretaría de Salud y el Bosque de Chapultepec”.
Sobre los señalamientos de que se usará parte del Bosque de Chapultepec, explicó que la poligonal de protección del Área de Valor Ambiental incluía sin razón una porción de 2 mil 500 metros cuadrados que en realidad era parte del paradero desde 1973, por lo que se actualizó al desincorporar esta superficie, pues desde aquella fecha se había urbanizado, según mostró con planos de la época.
Ante las críticas de diputados del PAN y Morena, así como de vecinos, que apuntan a que la ciudad pierde con esta inversión, los funcionarios consideraron que el proyecto es polémico por estar en una de las zonas más atractivas en materia inmobiliaria.
El secretario de Finanzas justificó que las alianzas con privados han sido un mecanismo “tradicional” para realizar proyectos como los paraderos de Zapata (2003, en la gestión de Andrés Manuel López Obrador) y El Rosario, este último proyecto desarrollado en cinco años (2008 a 2013).
Al insistir si las asociaciones público-privadas en la Ciudad de México no están reglamentadas de manera suficiente, Amador afirmó que hay un marco normativo reciente como las reglas de coinversión con la IP y los lineamientos para la actualización de los Cetram, ambos de 2009.
El secretario de Finanzas dijo que si el gobierno invierte los 920 millones de pesos en Chapultepec, no tendría dinero para atender los otros 46 Cetram que están en malas condiciones. Recordó que el gobierno también recibirá 7.88% anual de las ganancias generadas por la operación de la torre.
