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Para la construcción de un edificio de oficinas, zona comercial y hotel en las inmediaciones de Chapultepec, el Gobierno de la Ciudad de México concesionó por 44 años un terreno de 30 mil metros cuadrados cuyo valor comercial en el mercado alcanza los 390 millones de dólares. A cambio, el consorcio constructor se comprometió a renovar el paradero en las inmediaciones del Metro, que tendrá un costo de 420 millones de pesos.
La realización de obra ha generado la inconformidad y manifestaciones de diputados de los partidos Morena, Acción Nacional y de organizaciones que interpusieron una serie de recursos legales para frenarlo.
Entre los argumentos se encuentran que la Seduvi otorgó de manera “arbitraria” el uso de suelo en una zona que no está permitido en los programas delegacionales de desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, además autoriza el cierre de una vialidad, donde se encuentra un paradero, sobre Avenida Chapultepec.
Otro de los argumentos que han dado los opositores es que en 2014 la administración capitalina desincorporó parte del predio del Bosque de Chapultepec para que se diera la concesión, además de que un año antes, al terreno le asignaron la dirección de Avenida Chapultepec 531, colonia Juárez y, posteriormente y sin explicación alguna, le añadieron Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.
El motivo por el que hasta el momento no se inicia con la obra es porque se plantea remover del lugar la Fuente de Belén, que data de 1755 y para lo cual el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha dado la autorización.
La obra se realizará a través de un financiamiento público-privado, en el que el gobierno de la ciudad, a través de la paraestatal ProCDMX, pone el terreno y las empresas españolas, Inveravante y México Retail Property (MRP), aportan el capital estimado en tres mil 200 millones de pesos, esto es 6% del valor del predio concesionado.
El principal accionista de Inveravante es Manuel Jove, quien también pertenece al grupo BBVA Bancomer que en un principio estuvo interesado en el proyecto, pero ante la incertidumbre del mismo desistió. La empresa MRP es propiedad de Jerónimo Gerard.
La obra de la que forma parte el proyecto del Cetram Chapultepec contempla la construcción de dos torres, un hotel y una plaza comercial, así como ocho sótanos de estacionamiento, con una inversión de tres mil 200 millones de pesos. Al concluir los 44 años de la concesión, la obra pasará a ser propiedad del gobierno de la Ciudad de México, según refiere la Seduvi.
Sobre la distribución de las ganancias, la Secretaría de Finanzas precisó que se trata de un desarrollo de alto riesgo en el que no se puede establecer de forma concreta cómo se distribuirán y si habrá después de la recuperación de la inversión inicial.
La legalidad del proyecto. La Seduvi informó el 20 de julio que todo el proceso se hizo con estricto apego a las leyes y normatividades correspondientes, recibiendo el acompañamiento de instituciones y organismos reconocidos como el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec. Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Seduvi, aseguró que el proyecto Cetram Chapultepec se apega a la legalidad en materia de uso de suelo, pues desde 1973 ha habido un Cetram en una porción de dicho predio.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, Margarita Martínez Fisher, promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debido a que considera que no era viable que la Seduvi otorgara un certificado de zonificación para el proyecto.
Señala que está impugnando varios actos administrativos. Uno es el decreto por el que se modifica una parte del Bosque de Chapultepec como Área de Valor Ambiental por el jefe de Gobierno, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de julio de 2014.
En entrevista, la diputada panista comentó que existen preocupaciones dentro de la comisión por la forma en que se cambió el uso de suelo y el proceso para dictaminar que era viable otorgar el permiso para elevar las torres por parte de la Seduvi.
Dice que el certificado emitido por dicha instancia es inviable, ya que desde 2008 el programa delegacional de la Cuauhtémoc establece que esa zona tiene usos de suelo de equipamiento y de espacio abierto.
El 23 de junio, el secretario de Finanzas, Édgar Amador, defendió el esquema de asociación público-privada para el Cetram, pues dijo que no es nuevo y ha sido funcional para los paraderos de Zapata y El Rosario.
Añadió que al aportar el terreno a este proyecto, el gobierno capitalino recibe una contraprestación en especie consistente en la construcción del paradero, la extensión de los túneles vehiculares en avenida Chapultepec, la recuperación de espacios públicos como la plaza donde está la Fuente de Belén y la calle conocida como antigua calzada Tacuabaya, entre la secretaría de Salud y el Cetram.
El Bosque de Chapultepec. El 11 de julio de 2014, el gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el retiro de la protección ambiental a un terreno de 25 hectáreas del Bosque de Chapultepec argumentando que la zona ya no cumplía con las mismas características de valor ambiental. En este terreno se encuentra el espacio del bosque que se concesionó a la iniciativa privada para el Cetram.
De acuerdo con Martínez Fisher, presidenta de la Comisión y Desarrollo de Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa, “ésto es un muy mal precedente porque cuando se declara la política ambiental, su objetivo es conservar y realizar acciones para que se pueda conservar el de Área de Valor Ambiental, al contrario de lo que hizo el gobierno de retirar la protección”.
Además, comenta que el gobierno capitalino debió haber incrementado la protección en esta zona, reforestarla y no reconocer su urbanización.
Para Fisher estas acciones tienen un impacto directo en términos de política ambiental de la ciudad “y es mucho más grave porque eventualmente se estaba buscando posibilitar la expedición del certificado de zonificación” para construir parte del proyecto Cetram Chapultepec en el bosque.
Mayela Delgadillo, integrante del Frente Salvemos la Ciudad, considera que “por estas decisiones estamos en este colapso ambiental. Opina que el gobierno no debió quitarle la protección al Bosque de Chapultepec, aunque comenta que no por ello esa zona deja de ser un predio público que pertenece a todos los ciudadanos. Añade que la zona donde se encuentra la Torre Bancomer ya es un caos vial, donde la gente no tiene agua en su casa.
Como parte de este proyecto, se propone que la Fuente de Belén, construida en 1755, sea desmantelada y trasladada a un lugar todavía desconocido para “protegerla de las obras” y después reconstruirla. Sin embargo, el INHA no ha autorizado su reubicación.
De acuerdo con el arquitecto Arturo Balandrano, coordinador nacional de Monumentos Históricos, el instituto ha revisado una primera propuesta para reubicar la Fuente de Chapultepec y ha emitido observaciones sobre la inviabilidad de desmontarla piedra por piedra, por lo que ha requerido al Fideicomiso reformular la propuesta para garantizar su integridad.
En respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, Balandrano comenta que el INAH revisó la primera propuesta y encontró que la documentación no está completa.
En tanto no se cuenten con los nuevos argumentos por parte de la autoridad capitalina y del grupo constructor no se podrá remover la fuente y, por consiguiente, no se iniciarán los trabajos de construcción del complejo inmobiliario en una de las zonas de mayor desarrollo de la capital del país.
