Más Información
diana.fuentes@el universal.com
Diputados de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México solicitaron ayer al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no dejarse doblar por las autoridades capitalinas para desmontar la Fuente de Belén que se ubica en Chapultepec, porque advirtieron se podría generar un conflicto internacional.
“Negocio no mata arqueología, es al contrario y los expertos en la materia aseguran que no debe moverse la fuente sino que se lleve a cabo una rehabilitación in situ, utilizando un esquema similar al empleado en el enderezamiento del Sagrario Metropolitano”, aseguraron los asambleístas, quienes se hicieron acompañar de vecinos de la delegación Miguel Hidalgo.
El asambleísta José Alfonso Suárez del Real insistió que el INAH no puede dejarse intimidar por un proyecto que daña el patrimonio cultural de la capital del país.
“Iríamos a la Unesco para exhibir que no se aplicó lo que la Declaración de Friburgo establece, lo que marca la Directiva del 19 de octubre de 1968 y eso podría representar un severo golpe al prestigio internacional que México tiene como protector del patrimonio cultural”, sentenció el morenista.
Frente a la Fuente de Belén, que fue construida entre 1759 y 1760, dijo que la rehabilitación debe realizarse ahí mismo y no desmontarla como pretende hacer el gobierno capitalino para construir la Torre de 49 pisos como parte de las obras del Cetram Chapultepec.
“Desmontarla, de acuerdo con expertos en restauro de monumentos exentos del periodo colonial, podría poner en mayor riesgo la estructura integral de la fuente y se tendrá que tomar en cuenta esta situación porque fuente mata torre”, argumentó.
El diputado David Cervantes aclaró que a la fecha ni siquiera hay autorización para la rehabilitación o desmonte, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse engañar.
Los asambleístas adelantaron que desde la bancada se elabora una iniciativa que hable del espacio público como inalienable, imprescriptible e inembargable, en la cual se prohiba anteponer a una obra pública privada sin que antes se lleve a cabo un plebiscito.
“Será un artículo con una redacción extrema y a esto nos han llevado, a generar un pacto constitucional extremo en donde la defensa del espacio público sea sustantivo para la calidad de vida de los habitantes”, agregó el diputado Suárez del Real.
Suárez del Real y Cervantes Aguilera criticaron que el Gobierno de la Ciudad de México no agote las fuentes de financiamiento que no comprometan las finanzas de la ciudad y sí privilegie el negocio por encima de los intereses de los ciudadanos.
Dijeron que para la rehabilitación de la zona se requiere de una inversión de 466 millones de pesos, con lo que por supuesto cuenta la ciudad, sin necesidad de comprometer 30 mil metros cuadrados a un inversionista privado.
“Nos quieren dar en la torre, nos dicen que la ciudad no tiene dinero, pero ocultan que el año pasado se tuvo un superávit de 29 mil millones de pesos gracias a los pagos puntuales de los capitalinos, quienes pagan sus impuestos, además hay dinero por el aumento a la tarifa del Metro y por lo recaudado por las fotomultas, entre muchas cosas más”, expresaron.
