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A dos años de la masacre de Tlatlaya, Estado de México, 16 organizaciones civiles denunciaron que este caso se encuentra impune ante la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas.
Al día de hoy, dijeron, ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles.
El 30 de junio del 2014, en un operativo del Ejército, 22 personas murieron y un militar resultó lesionado luego de un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya. Se presume que entre 12 y 15 personas de este grupo pudieron haber sido ejecutadas sumariamente en este lugar, de acuerdo a la CNDH.
Las organizaciones entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Artículo 19, Insyde, Serapaz, Centro Nacional de Comunicación Social, entre otras, indicaron que a pesar de que la PGR ha anunciado que no habrá impunidad y que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó en su Recomendación 51/2014 la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas; en los hechos, el pasado mes de mayo el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres elementos del Ejército que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, alegando insuficiencia de elementos para probar los hechos o las responsabilidad de los soldados.
Para las agrupaciones, esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal.
Una prueba de ello -dijeron-es que a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, ésta sigue sin ser investigada.
Ahora que el Sexto Tribunal Unitario devolvió la investigación a la PGR, las organizaciones civiles exigieron que esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos, respondan ante la justicia.
Ante este panorama, recordaron que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha externado su profunda preocupación por el hecho de que a casi dos años de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les sigue negando su derecho a la justicia y la verdad. En su informe de seguimiento al Consejo de Derechos humanos de la ONU sobre las medidas adoptadas por el gobierno de México para implementar las recomendaciones para proteger el derecho a la vida, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, indicó que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”, y que “la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”.
Asimismo denunciaron los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika Gómez.
"Sin la valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la verdad no habría salido a la luz. El caso Tlatlaya continúa abierto, hasta en tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los culpables.
