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A una semana de implementarse los juicios orales en la Ciudad de México, las autoridades del Sistema Penitenciario son las más beneficiadas.
En este tiempo, de los más de 100 juicios realizados, sólo 57 imputados estuvieron en los Centros de Detención Provisional, de los cuales 36 quedaron en libertad luego de las audiencias en las que el juez determinó que el detenido no ameritó prisión por el delito cometido.
Las otras 21 aún continúan el proceso penal. De estas se espera que solamente dos terminen en prisión por la gravedad del delito que cometieron pues están imputadas por homicidio, lo que refleja un “desahogo” en las cárceles locales.
El resto de los detenidos recibirían como sanción, además de la reparación del daño, una medida cautelar que va desde firmar cada semana hasta no acercarse a la persona que lo acusó.
Para este tipo de medidas las autoridades carcelarias, en coordinación con el Tribunal de Justicia Loca, habilitaron las Unidades de Medidas Cautelares que están ubicadas en los Reclusorios Preventivos Varoniles Sur, Oriente y Norte, así como en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, debido a que se contempla que los imputados pasen horas en detención.
Como por ejemplo las Unidades de Medidas Cautelares en el Centro Varonil de Reinserción Psicosocial (Cevarepsi) y en el Centro Femenil de Reinserción Social en Tepepan, ambas para personas inimputables —todos aquellos que padecen un problema o trastorno mental y que por eso, no son aptos a un proceso legal—, además en la penitenciaría para personas con VIH.
Las personas que son detenidas por la probable comisión de un delito son ingresadas a los Centros de Detención Provisional mientras son llamados para su primera audiencia en la que se determina si hay elementos para quedar sujetos a proceso. En caso contrario son liberados en ese mismo instante.
