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El Instituto de Formación Policial (IFP) de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México capacitó a más de 10 mil funcionarios, incluidos ministerios públicos y policías de investigación, para enfrentar el reto que representa la implementación del nuevo sistema penal, informó el titular del área, Juan José Olea Valencia.
Desde 2014, agregó, la procuraduría capitalina invirtió poco más de 80 millones de pesos en la preparación del personal. En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario enfatizó que como parte de esta preparación se efectuaron “simulacros” de juicios orales dolosos como el homicidio, robo con violencia, asalto a transporte, transeúnte y la venta de droga al menudeo, que son los delitos que más atañen a los habitantes de la ciudad, de acuerdo con Olea Valencia.
Refirió que todos los oficiales de campo han sido capacitados en el respeto a los derechos humanos y al resguardo de la cadena de custodia, pues de esto depende que un juez determine si la detención fue legal y conforme a derecho o no.
Olea Valencia destacó que gran parte de la responsabilidad para que la reforma penal tenga éxito radica en los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX), donde fueron capacitados 10 mil elementos.
Esto es porque serán los primeros en llegar a una escena del crimen y los encargados —a partir del 16 de junio— de recabar toda la información correspondiente al evento, desde los testimoniales, evidencias y pruebas que después serán presentadas ante un juez.
Señaló como parte fundamental la coordinación y comunicación que debe existir entre las instituciones encargadas de impartir justicia para que el engranaje funcione y si bien auguró errores previstos, hasta la fecha, dijo, se trabaja para evitarlos. “Esta preparación es constante y no termina cuando se pone en marcha la reforma, al contrario, la capacitación continúa, en los ejercicios que hemos hecho hemos encontrado algunos errores que estamos corrigiendo, la idea es entrar sin ninguna falla”. Entre los puntos flacos detectados en los juicios orales están principalmente en el personal.
Por ejemplo, algunos jueces no dominan al 100% la oralidad, los ministerios públicos llegan con el juez a leer el expediente o no conocen a detalle el caso que llevan. Sostuvo que los defensores y abogados no han entendido que ahora se debe exponer todo frente a un juez de manera oral y además presentar pruebas científicas en cada caso, pues —a diferencia del sistema tradicional—, aquí la confesión no sirve para nada si no se demuestra pericialmente el hecho.
“Hay que entender que es un nuevo sistema, todo cambiará. Por eso el proceso de aceptación y de adaptación será poco a poco, la capacitación la hemos hecho de la mejor manera, con jueces que aplican el sistema en otros estados, con especialistas que nos puntualizan los errores y dónde se debe mejorar”.
Los policías también tendrán un kit especial para cuando lleguen a una escena del crimen, mientras que los mandos medios y altos recibieron cursos en el IFP de la procuraduría.
