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Además de la falta de infraestructura y los errores que se tienen previstos durante los primeros juicios orales, el sistema de justicia capitalino tiene que remar contra corriente para cambiar la percepción de la ciudadanía ahora que los imputados en un delito no lleguen a prisión de inmediato, pues la regla primordial de este cambió en la manera de impartir justicia es evitar la cárcel y siempre preservar la presunción de inocencia.
Con la incursión de los llamados “delitos graves” en los juicios orales ahora el juez valorará si el responsable de un homicidio, un vendedor de drogas o un violador ameritan cárcel como sanción, pues antes de llegar a esto se deben pasar por las diversas alternativas, como la mediación, la reparación del daño, además de tomar en cuenta si el imputado es primodelincuente, así como las circunstancias en las que cometió el delito.
Sin embargo, la juez de enjuiciamiento Nelly Ivonne Cortés Silva destaca que si las pruebas aportadas por el Ministerio Público son contundentes en el juicio de primera audiencia, los homicidas dolosos o violadores sí ameritan la prisión preventiva, para determinar si efectivamente el detenido es responsable.
La juez detalla que ahora los procesos tienen un tiempo límite para su resolución, en un lapso máximo de 12 meses la parte acusadora debe aportar todas las evidencias para señalarlo culpable, de lo contrario el imputado quedaría libre, a diferencia de lo que sucede con el sistema tradicional, donde el responsable de cometer un delito puede pasar años en prisión sin conocerse su culpabilidad.
“En este sistema la regla principal es la libertad por el principio de inocencia, como último castigo se busca la cárcel y eso debe ser entendido por la ciudadanía, a los jueces les toca explicar a la víctima o parte afectada que si el imputado no llega a la cárcel no significa que no se hace justicia, se debe hacer entender que con la cárcel no se soluciona el conflicto.
“Ahora sí se solucionan porque hay reparación del daño, se imponen medidas cautelares en beneficio de la víctima”, explica la juez para EL UNIVERSAL en los nuevos juzgados ubicados sobre la calle Sullivan en la colonia San Rafael.
Otro de los cambios drásticos en bien de la ciudadanía, opina, es que los procesos serán abiertos al público, donde podrán observar el actuar de los jueces del Ministerio Público y la defensa. Lo que se busca con esto es terminar con la antipatía que por años generó el que los impartidores de justicia fueran desconocidos para todos, pues sabrán el caso el mismo día en que se sienten en el estrado a escuchar a ambas partes.
Con este nuevo sistema se esperan atender poco más de 20 mil audiencias en un año. Aunque la infraestructura aún no concluye, el Tribunal Superior de Justicia, la procuraduría capitalina y la Secretaría de Seguridad Pública se declararon listos para enfrentar el nuevo reto.
