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El sábado entra en vigor el nuevo sistema de juicios orales en materia de delitos graves y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Édgar Elías Azar, advierte que iniciará con problemas de infraestructura operativa, así como un posible desgaste, porque la ciudadanía no entienda el fondo ni los motivos de las resoluciones. “Va a haber un desgaste terrible en el Poder Judicial”.
Desde que inició la transición para implementar la oralidad en la capital del país, según el tribunal, se han invertido más de 3 mil 200 millones de pesos y aún es necesario erogar una fuerte cantidad, ya que están pendientes los edificios en tres centros penitenciarios, adicionar a 75 jueces y 55 salas de audiencia para atender los delitos graves, además de que las salas cuenten en su totalidad con el sistema de voz y datos.
Entrevistado en la sede del tribunal de la colonia Doctores, Édgar Elías Azar establece que el mayor peso para que funcione la oralidad recaerá en el Ministerio Público.
“El problema es el que he venido apuntando siempre, que es el tema de la infraestructura que no quedará concluida para esta fecha”, precisa.
—¿Qué les falta?
—Falta terminar algunos edificios, terminaremos algunos, pero no tenemos el equipo de grabación, en fin, falta infraestructura.
—¿Cuánto es lo que falta en materia de infraestructura?
—Para empezar, nada más en el equipo de voz y datos se requiere un poco más de 600 millones de pesos
—¿Qué van a hacer?
—Pues esperar a que nos llegue el dinero de parte del gobierno y se arregla eso en 60 días.
—¿Dónde ve el mayor riesgo en la implementación de los juicios, en el policía preventivo, en el Ministerio Público o en el juez?
—Más que riesgo yo te pediría que recapitularas la pregunta, ¿dónde está la parte más complicada? la más difícil y es en el tema de la procuraduría. Porque son los que tienen que demostrar que esa persona es la responsable.
Es un nuevo sistema al que la ciudadanía no está preparada… nombre y va a haber un desgaste terrible por parte del poder judicial, porque van a haber muchas libertades que no las van a entender.
El magistrado presidente remata diciendo que tardará ocho años en que el nuevo sistema opere al 100%.
Dentro de los beneficios que traerá la oralidad, destacan que las audiencias tendrán una duración de una hora en promedio, las cuales se resolverán mediante el principio de contradicción, que elimina los datos que no son claros. También existe el compromiso de atender alrededor de 21 audiencias diarias que permitirá des- ahogar los trámites y optimizar los recursos humanos del personal.
Faltan defensores de oficio. Uno de los temas que preocupa a la Consejería Jurídica es que sólo cuenta con 350 abogados que aprobaron los exámenes de conocimiento para desempeñar esta función.
Esto significa que se mantendrá la saturación del trabajo, sobre todo si se toma en cuenta que en promedio —al año— el tribunal atiende poco más de 20 mil casos, según los especialistas se requieren de por lo menos mil defensores públicos.
“Se habla mucho de la reforma penal, del gran cambio que esto representa, pero no nos han tomado en cuenta, es muchísimo el trabajo que vamos a tener, sólo 350 se han certificado, siempre se olvidan de nosotros, nos dejan mucho trabajo y dicen que los malos somos nosotros.
“Esto quiere decir que para nosotros todo va a seguir igual, es decir nos van a tocar de 100 casos o más al mes, es una tarea imposible”, comentó Luis, uno de los defensores de oficio que aprobó la capacitación.
Otra problemática que enfrentan es el salario bajo, en promedio ganan de entre 10 a 15 mil pesos, lo que consideran muy bajo si se toma en cuenta todo el trabajo que tienen.
