El fundador del PRD, Pablo Gómez, propone para la nueva Constitución de la Ciudad de México la creación de un Tribunal Constitucional de Derechos, introducir la figura de Consejo de Gobierno –a integrarse por los tres poderes- y gobierno de coalición, amén de aumentar el Poder Legislativo local de 60 a 80 diputados, pero bajar sus dietas.
Gómez es candidato a diputado de la Asamblea Constituyente de la ciudad, en el lejano lugar 22 de la lista de candidatos perredistas, pero preparó su propia propuesta de Constitución, que presentó hoy, para que sea discutida.
Plantea en ella “abrir las puertas de par en par a una democracia participativa” más allá de las elecciones, de modo que puedan existir procedimientos de objeción colectiva ante un tribunal, y por actos de autoridad administrativa; que haya derecho de iniciativa ciudadana y que el jefe de gobierno y los altos funcionarios, así como los magistrados, puedan ser juzgados por responsabilidad política en procedimientos abiertos.
Además propone revocación de mandato y que ante el Tribunal Constitucional la ciudadanía pueda tramitar quejas contra autoridades administrativas o legislativas por actos u omisiones que lesionen sus garantías.
Podrán impugnarse ahí leyes y reglamentos, decisiones de gobierno o ausencia de éstas, plantea en su proyecto que presentará hoy.
En cuanto al Poder Legislativo local propone reducir las dietas de los diputados locales, aumentar de 60 a 80 diputados, la mitad de distrito y la mitad de lista, y que deba presentarse ante el pleno, “en cualquier momento” el jefe de gobierno, quien deberá debatir sobre el estado de la Ciudad.
Otra novedad que introduce es un gobierno colegiado, con la creación del Consejo de Gobierno, presidido por el jefe de gobierno y con la participación de los secretarios de despacho.
“Las iniciativas de ley, las observaciones sobre los decretos legislativos, los proyectos de impuestos y gastos, los reglamentos y otros instrumentos de gobierno deben ser analizados y aprobados en ese Consejo” y abrir la puerta a un gobierno de coalición en la ciudad.
En materia de anti corrupción propone una Fiscalía de la Ciudad de México (Ministerio Público) sea independiente y cuente con un aparato dedicado a la lucha contra la corrupción; que la Auditoría de la Ciudad sea autónoma y tenga la capacidad legal de hacer investigaciones y consignar a los posibles delincuentes.
“Se propone por primera vez que de manera colectiva los ciudadanos y ciudadanas puedan hacer directamente acusaciones ante un juzgado penal contra funcionarios que hayan cometido delitos contra la administración pública”. Otra medida en ese tema es que todo contrato sea público apenas se firme.
jram
