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diana.villavicencio@eluniversal.com.mx
Comerciantes en vía pública de la delegación Coyoacán interpusieron una denuncia por robo y usurpación de funciones en contra del titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Edgar Tungüí Rodríguez, ante la Contraloría General y la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
En la denuncia, los comerciantes ubicados en Miguel Ángel de Quevedo esquina con Avenida Universidad acusan al funcionario local y demás servidores públicos del retiro ilegal de puestos tras argumentar que la Secretaría de Obras no es la facultada para quitar a los ambulantes.
Los comerciantes Adrián Cárdenas, Raúl López, Javier Padilla, Ana Bertha Serrano, Jorge Hurtado, por mencionar algunas, sostienen en la denuncia que el miércoles 11 de mayo aproximadamente 300 personas vestidas con overoles amarillos, con vehículos de volteo y camionetas, todos cubriendo placas y puertas laterales quitaron mercancía, dinero y enseres de los puestos.
“Todo esto se hizo bajo el amparo y resguardo de casi 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del agrupamiento de granaderos… Al intentar pedir identificación o alguna orden de ejecución solo se limitaron a decirnos que no tenían porque mostrar ningún documento”, señalaron los denunciantes.
En total, fueron levantados 8 puestos metálicos de acero inoxidable sin dar las correspondientes hojas de resguardo o decomiso de los mismos.
Como prueba, los informales presentaron un disco compacto con 99 fotografías y 7 videos en los que se observan las placas encubiertas y los vehículos que más tarde fueron descubiertos en los que se corrobora que pertenecen a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
Además los comerciantes refirieron que existe un testimonio ocular de las grabaciones del sistema de vigilancia C4 que se encuentra en la zona mencionada.
“Lo que se busca es que se determine la responsabilidad administrativa del titular de la Sobse y de todos los demás servidores públicos que resulten responsables, además de que se nos restituyan los puestos, dinero, mercancía que nos quitaron”.
Los trabajadores informales aseguran e insisten que la regulación y el ordenamiento no es competencia de la Secretaría de Obras.
