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Entre 2013 y lo que va de este año, la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México (AFSE), perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), separó a profesores y trabajadores de la educación de sus cargos e inició denuncias ante el Ministerio Público tras hallar los elementos suficientes en 156 casos de abuso sexual contra alumnos.
En total, la autoridad educativa recibió 329 reportes de padres de familia, pero pudo acreditar el abuso en 47% de estos casos. La autoridad señaló que “un altísimo porcentaje” de estas denuncias resultaron “falsas”.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo conocer de 190 denuncias de 2000 a 2014, en todo el país, por las cuales se han emitido 18 recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La AFSE cuenta con al menos cinco documentos (modelos, lineamientos y guías operativas para escuelas públicas y privadas) que especifican la forma en que los profesores pueden identificar cuando un niño ha sido víctima de abuso sexual dentro o fuera del contexto escolar, cómo se le debe tratar y reaccionar para volver a generar confianza en él.
Incluye el paso a paso de cómo debe proceder el director de cada plantel, los elementos y la forma para realizar sus investigaciones y generar evidencias para conformar el expediente del caso y sobretodo, tiene la obligación (bajo pena de incurrir en responsabilidad) de reportar el caso al Ministerio Público y la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la SEP local.
Ante la queja en una escuela pública, el trabajador acusado es separado inmediatamente de su cargo. Después se inicia una investigación interna por la unidad de atención al maltrato y abuso sexual infantil y, si se encuentran elementos, se turna el caso al Ministerio Público. Este proceso puede tomar hasta nueve meses.
Según reconoció el titular de la Administración Federal, Luis Ignacio Sánchez Gómez, estos protocolos fallaron y se vieron rebasados específicamente en el caso del kínder Montessori Matatena en la delegación Benito Juárez del Estado de México, donde los padres de seis alumnos menores de cinco años denunciaron que un trabajador administrativo abusó sexualmente y/o violó a sus hijos.
Señaló que fallaron los supervisores escolares, reconoció, y a partir de este caso se tendrán que revisar sus responsabilidades y la manera en que las ejercen. Eso, considerando que en la Ciudad de México los supervisores tienen a su cargo siete escuelas, lo que representa un promedio inferior a los supervisores del resto del país.
“Matatena nos hizo aprender muchas cosas. Nos demostró que nuestros protocolos de prevención no son tales. Tenemos lineamientos generales. Pero Matatena es un caso atípico. Yo en todo este tiempo no había visto un caso como el de Matatena, todo este círculo de encubrimiento, alrededor de la situación”, señaló.
“Tenemos que ser mucho más empáticos y efectivos en lo que tenemos que buscar. Descubrimos que nos sirve de poco hacer una visita técnico-pedagógica a una escuela. No hay contacto con la comunidad escolar: los padres de familia, los maestros, los mismos niños, que pudiera permitir encontrar otras cosas. Tiene que haber una supervisión más efectiva”.
