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Ante el retiro inminente de comerciantes en vía pública, como parte del programa de la recuperación del espacio público, la Alianza de Organizaciones Sociales urgió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobar las modificaciones a la Ley de Mercados Públicos que contempla el ordenamiento de los ambulantes.
Los comerciantes informales manifestaron su disposición de realizar un pago anual de derechos por casi mil 500 pesos para poder permanecer de manera ordenada y pacífica en sitios estratégicos de la capital del país.
Además sugirieron que a este sector se les incorpore en los programas de vivienda de interés social promovidos por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi).
Ricardo Hernández López, secretario General de la Alianza de Organizaciones Sociales, recordó que hace unos meses fue entregada a la Comisión de Gobierno de la ALDF una iniciativa de Ley del Comercio en Vía Pública, que busca revocar el Programa de Reordenamiento puesto en marcha hace 18 años.
La propuesta de ley fue redactada por casi 50 organizaciones de comerciantes y entregada al diputado Leonel Luna Estrada para su análisis y discusión.
“Lo único que pedimos es que se atienda esta iniciativa, es imprescindible reordenar al comercio informal, se está atacando mucho a este sector, retirándole su única fuente de trabajo”, lamentó.
La iniciativa a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso sugiere una serie de modificaciones al artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de México para que el destino del pago de derechos por el uso y aprovechamiento de la vía pública se aplique en un 100% como recurso adicional al 3% del Presupuesto Participativo.
“En el contexto de la Reforma Política es imprescindible aceptar que el Programa de Reordenamiento es obsoleto y está fuera del contexto de la Ciudad de México, ya no hay correspondencia con la forma en que se está ejerciendo el comercio en la vía pública en esta ciudad, en ese momento no se contemplaron nuevas modalidades como los Food Trucks, remolques, vendedores en vehículos estacionados, lo que conlleva a la desactualización y pérdida de utilidad del programa”, precisó Hernández.
Aclaró que el comercio en la calle no es una actividad de subsistencia ni tampoco una actividad delictiva. Después de 18 años esta noble actividad ha crecido y el manejo de las cuotas por el uso, advirtió, no está transparentado. Hace falta una regulación local que precise en qué se gastará el dinero recabado.
El secretario general de la Alianza sostuvo que dentro de la iniciativa de ley también se busca que los comerciantes de vía pública sean incorporados a la Seguridad Social o al Seguro Popular. “Que sea una obligación del gobierno la incorporación a los servicios médicos, así como las cuotas que deberán estar contempladas en el pago de derechos que los comerciantes harían al Gobierno de la Ciudad”.
Plantea la generación de estímulos fiscales para los comerciantes que coadyuven a establecer beneficios por el pago del uso de la vía pública, así como aplicar exenciones de pago a quienes estén en condiciones de vulnerabilidad como adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad o en situación de calle.
