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El Gobierno de la Ciudad de México precisó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno a la reforma para someter a las gasolineras a controles en materia ambiental, determina que las manifestaciones de riesgo e impacto ambiental competen exclusivamente a la federación.
Mediante un comunicado de prensa, el gobierno capitalino, a través de la Consejería Jurídica informó que, de acuerdo a las modificaciones constitucionales, corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), otorgar las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental.
A los gobiernos locales, como el de la Ciudad de México, precisaron, les corresponde revisar asuntos relacionados con protección civil, zonificación y uso de suelo de las distribuidoras de gasolina, diesel, combustibles, aceites, lubricantes y aditivos.
La dependencia aseguró que la decisión del máximo tribunal no significa un revés para el Gobierno de la Ciudad de México, "sino una distribución de los esquemas de competencia, derivado de la reforma constitucional en materia energética".
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