La planeación de la infraestructura a largo plazo, la profesionalización del servicio público y la creación de una contraloría social para vigilar el desarrollo de cada uno de los proyectos de construcción, fueron las sugerencias de asociaciones y colegios de profesionistas de dicha industria que se tomarán en cuenta para la conformación de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Durante un encuentro con representantes de la industria de la construcción, el secretario ejecutivo del grupo redactor de la Constitución, Porfirio Muñoz Ledo manifestó que se debe concretar un plan de desarrollo urbano que permita trazar el futuro de la Ciudad de México.
"Tiene que abarcar vivienda, medio ambiente, obra y servicios públicos, desarrollo rural, todo. No se puede ver una parte sin la otra. La idea me parece buena, habría que darle una formulación".
“La idea de una contraloría social me parece buena, lo vamos a sugerir, porque tiene que ver con el tema de la corrupción y la impunidad. En cuanto a la profesionalización del servicio público, ya hay un capítulo contemplado”.
Por su parte, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse), Edgar Tungüí Rodríguez afirmó que este es un primer acercamiento con el gremio para enriquecer y desarrollar ideas que se puedan plasmar en el nuevo documento rector de la capital.
Mesa educativa
Por la tarde el secretario ejecutivo del grupo redactor de la constitución, Porfirio Muñoz Ledo encabezó otra mesa de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Educación local (Sedu).
En entrevista afirmó que, aunque el Gobierno de la Ciudad de México ha logrado facultades respecto a servicios complementarios en las escuelas, no obstante la autonomía de los servicios educativos se debe discutir con la federación.
“La Constitución de la Ciudad de México debe dar una orientación con sentido hacia donde queremos ir. También se tendrían que abrirse negociaciones (con la federación)”.
En la mesa de diálogo, padres de familia e integrantes de asociaciones civiles expusieron que se debe garantizar la educación obligatoria desde los 3 años de edad.
Asimismo solicitaron la incorporación de programas educativos que incluya el tema del bullying como problema social.