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La defensa de las cinco víctimas del caso Narvarte, de entre los que se encuentran la activista social Nadia Vera y el fotorreportero Rubén Espinoza, ganaron un amparo para que la procuraduría capitalina no dé “carpetazo” al expediente y se continúe con la investigación, la cual, según los deudos, sigue estancada y se pretende cerrar sin esclarecer ni detallar algún móvil.
Este mismo recurso obliga a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) a aceptar y desahogar las pruebas presentadas por la defensa y agotar todas las líneas de investigación, ya que la dependencia investigadora no ha querido proporcionar los videos completos que se tienen del día en que ocurrió el multihomicidio, ni un seguimiento de las cámaras de seguridad del C4, que se le hizo al Mustang, propiedad de una de las víctimas de origen colombiano.
La defensa acusa también que hasta el momento, a más de año y medio de sucedido el homicidio múltiple, no se han aportado avances en la investigación, incluso estiman que se podría sentenciar a los tres imputados Daniel Pacheco, Omar Martínez Zendejas y el ex policía capitalino Abraham Torres Tranquilino, sin que ninguno de los tres haya confesado su participación en los asesinatos y sin las pruebas científicas que corroboren que efectivamente ellos detonaron el arma homicida, la cual a estas fecha tampoco ha localizado la procuraduría capitalina.
Como parte de las pruebas que ha aportado la defensa y que la PGJ ha rechazado, está indagar a otra persona que según las narraciones de los detenidos estuvo en la misma habitación el día de los hechos, tampoco han tomado en cuenta dos perfiles genéticos de ADN que se encontraron en una de las habitaciones y que no corresponden a los imputados ni a las víctimas.
Los abogados solicitaron también acceso a los videos para hacer peritajes independientes, al igual que una búsqueda exhaustiva del momento en que se dieron a la fuga, ya que hay un lapso de tres horas aproximadamente en que los vehículos que usaron para huir no se observan en las cámaras de seguridad del gobierno capitalino, aunque en un recorrido pericial que hizo la defensa se comprobó que sí hay cámaras de seguridad en el trayecto.
Los trabajos que ha realizado la Policía de Investigación no han arrojado un móvil claro del crimen, pues el tema de que fue un ajuste de cuentas por la venta de drogas quedó descartada, ya que no se encontró en las imágenes que se revisaron del aeropuerto, que la colombiana Mile, acudiera al lugar a recoger un “cargamento” de cocaína como mencionó Torres Tranquilino.