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Mientras la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México inició ayer el procedimiento de remoción del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, quien afirmó que no solicitará licencia ni tampoco se amparará ante las acusaciones que lo vinculan con el capo Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos.
Por más de cuatro horas, el delegado morenista compareció ante la Comisión de Gobierno del órgano legislativo local, encabezada por el perredista Leonel Luna Estrada.
En la mayoría de las de 50 preguntas, que le realizaron nueve asambleístas, el delegado fue evasivo, principalmente en lo que se refiere a la contratación de personal cercano al grupo del líder de la banda de narcomenudista, la relación familiar con algunos de ellos y sus propiedades.
Sólo tres legisladores locales de Morena —Citlali Hernández, César Cravioto y Felipe Félix de la Cruz— salieron en su defensa, pero minutos antes de que concluyera la comparecencia abandonaron el salón Heberto Castillo y el diputado priísta Adrián Rubalcava lo hizo notar en el micrófono: “Lamento mucho que ya hasta los propios diputados de Morena se retiraron, dejaron sólo aquí al jefe delegacional”.
Salgado negó una cualquier vínculo con el crimen organizado e incluso rechazó haber sido amedrentado y temer por supuestas organizaciones criminales que operan en la demarcación.
“Esto es un asunto político, hay el interés de destruir la presencia de un partido [Morena] difamando al jefe delegacional, quiero decirles que Tláhuac tiene paz más allá de cuestionamientos subjetivos”, se defendió.
Dijo que sí tiene capacidad política para seguir gobernando Tláhuac, aunque en su comparecencia los asambleístas pusieron en duda que la lleve a buen puerto; hay un asunto de ingobernabilidad, coincidieron los diputados.
“Usted no fue electo para ser un gerente. Le pregunto: ¿Lo rebasaron o no los grupos criminales o a caso le tomaron la medida?”, increpó Fernando Zárate, del Partido Verde Ecologista.
Ante la guerra de acusaciones y descalificaciones al considerarlo un político incapaz, misógino e insensible, Rigoberto Salgado asumió que si hay elementos suficientes para su destitución los acatará. No obstante, acusó que es víctima de una emboscada.
“Es una celada lo que vivimos en estos días, no hay ningún ánimo de resolver problemas, hay una serie de circunstancias que son sacadas fuera de contexto y que no han sido incorporadas en ninguna carpeta de investigación”, denunció el funcionario.
Sin embargo, el perredista Iván Texta anunció que en ese momento que se daba la rendición de cuentas, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, confirmó la apertura de una carpeta de investigación: “Usted decía que no conocía ninguna, yo se lo informo. Ya está abierta y se está trabajando con los tres órdenes de gobierno, se está haciendo el vínculo de El Ojos con su persona”.
Preparado para responder cada uno de los cuestionamientos, el delegado desechó la imputación de tener conflicto de interés o alguna relación personal y de amistad para la celebración de contratos con proveedores.
Lo anterior, respecto a la asignación de licitaciones a favor de Patricia Lizeth Sánchez Vázquez, Cinthya Nayeli Vázquez Hernández y Jesús Martínez Hurtado, quienes participaron como donadores durante su campaña para ese cargo, en 2015. A su parecer tampoco hubo omisiones en el proceso de licitaciones ya que fue aprobado por un comité y esto, dijo, no está en duda.
Reiteró que Tláhuac sufre de delincuencia, que se ha documentado y se informó en su oportunidad con más de mil oficios: “Hay una visión institucional donde se solicita vía oficio, a ustedes les alerta mucho que haya enviado más de 50 oficios. En realidad hemos enviado más de mil oficios donde estamos informando a la Secretaría de Seguridad Pública distintas cosas”.
Aprovechó el espacio para revirar sobre las acusaciones respecto a la presencia de los mototaxistas. Encaró al perredista Mauricio Toledo Gutiérrez y le demostró que desde 2009 surgieron las motos adaptadas; que en 2010 la delegación dio a conocer un programa de regulación de bicicletas y para ello fueron acreditados 177 engomados para bici y mototaxis; es decir, que esta problemática proviene de gobiernos perredistas, destacó.
Precisó que “se crearon 34 expedientes, con oficios firmados por distintos funcionarios, así que durante mi administración no se creó un programa al margen de la ley”.
Al hablar de sus bienes inmuebles, Salgado aclaró que cuenta con un predio de 273 metros y la vivienda construida con una base de 140 metros, no de 7 mil metros como se ha dicho.
Con su declaración patrimonial en mano, Rigoberto denunció que se haya expuesto su residencia, pues ahora la considera un lugar inseguro para vivir. Además objetó que se hayan metido con su vida privada.
Al término de la comparecencia, dijo que ponía a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la capitalina su teléfono celular y su computadora para que los revisen y se deslinden responsabilidades.
