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maria.montano@eluniversal.com.mx
Toluca.— El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, promulgó un paquete de reformas a un total de 18 ordenamientos en materia regulatoria, con el fin de reducir los tiempos para la apertura de empresas, fomentar el empleo y alentar la inversión, además de tipificar, por primera vez en el país, el delito de “obstrucción a la inversión”, para sancionar a funcionarios corruptos que inhiben la operación de nuevos negocios.
En Palacio de Gobierno, donde presentó ante el sector empresarial del país y del Estado de México los cambios aprobados por la Legislatura local al Código Financiero y Código Penal, entre otros, el Ejecutivo estatal reconoció que era un verdadero “viacrucis” realizar gestiones para crear algún negocio, debido a que tenían que obtener al menos seis dictámenes.
Resaltó, entre otros puntos, que ahora se eliminaron los seis dictámenes de factibilidad que se exigían para aperturar nuevas empresas y se sustituyeron por uno solo, el cual emitirá la nueva Comisión Estatal de Factibilidad que estará encabezada por la Consejera Jurídica, Luz María Paz Zarza, quien se convertirá, dijo, en una facilitadora para el cumplimiento de la ley.
El Ejecutivo estatal dijo que se reformaron un total de nueve ordenamientos, cinco leyes y cuatro códigos, con el propósito de simplificar todo el procedimiento de instalación de empresas, lo cual permite ahora que el Estado de México se convierta en un polo para la atracción de inversiones nuevas y la generación de empleos.
Con el nuevo paquete de reformas, quedaron derogados los seis dictámenes que se requerían a los empresarios en materia sanitaria, de protección civil, medio ambiente, impacto vial e impacto regional entre otros y se creó, destacó, el Instituto Estatal de Verificadores, el cual congregará a todos los inspectores, supervisores y verificadores de las dependencias implicadas, a efecto de que realicen las labores de revisión para emitir dictámenes.
Las reformas en materia regulatoria también abren la posibilidad de que peritos privados participen, mediante bufetes especializados, en la certificación de actividades relacionadas con el ramo de la construcción, lo cual también agilizará trámites de permisos y autorizaciones en dicho sector.
El Ejecutivo destacó la tipificación del delito de “obstrucción a la inversión”, que sancionará hasta con seis años de prisión, mil días de multa o destitución de su cargo o inhabilitación a funcionarios que incurran en actos de corrupción.
