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La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tiene un plazo máximo de 24 horas para determinar la situación jurídica de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) capitalino y quien fuera acusado hace más de un año de supuestamente encabezar una red de trata de personas, que financiaba con recursos de esta agrupación política.
La orden fue emitida por el juez Alberto Díaz, encargado del 14 distrito de amparo en materia penal y quien resolvió el amparo 964/2015 a favor del político, actualmente en recuperación después de someterse a un proceso contra el cáncer de próstata.
Según consta en la averiguación previa FAE/A/T1/52/14-04, la Procuraduría capitalina apeló la decisión inicial del juzgador, sin embargo, no envío las pruebas contundentes para continuar el proceso en contra de Gutiérrez de la Torre, por lo que se determinó otorgarle más tiempo al Ministerio Público para fincarle responsabilidades, pero ni una de las pruebas fueron suficientes para el juez y ahora ordenó que concluya el caso a favor o en contra, pero que ya se resuelva.
“Nosotros cumpliremos cabalmente con los términos que nos ha establecido el juez y notificaremos de la resolución del Ministerio público”, puntualizó el procurador Rodolfo Ríos Garza, sin precisar si la resolución será a favor o en contra del ex dirigente del PRI capitalino.
Caso polémico y sin resolver. En abril de 2014, el equipo de investigación de Carmen Aristegui en MVS Noticias dio a conocer un reportaje en el que se acusó a Gutiérrez de la Torre de encabezar una red de prostitución a su servicio, supuestamente contrataba mujeres para fines sexuales, lo que desencadenó una investigación ordenada por el gobierno capitalino, así como por líderes políticos locales a fin de esclarecer el hecho que renunciaba dicho trabajo periodístico.
Para esto, la Procuraduría capitalina inició el proceso, el cual —dicho sea de paso— tiene más de un año sin resolverse, en el que se integraron siete tomos y fueron llamados a declarar más de 300 personas entre personal de confianza, secretarias, asistentes y personal que labora en la oficina del PRI capitalino y que estaba bajo las órdenes de el acusado.
También se realizaron pruebas periciales en varios inmuebles donde supuestamente Cuauhtémoc Gutiérrez sostenía relaciones sexuales con las mujeres a las que metía a nómina del PRI y que sólo las “usaba” para satisfacer sus instintos sexuales, según el reportaje de Carmen Arestegui, para lo cual se aplicaron diversos exámenes en las sillas, sillones, escritorios y alfombras.
El objetivo de las autoridades era encontrar rastros de semen o algo que demostrara que efectivamente es estos lugares habían prácticas sexuales, sin embargo no se pudo encontrar nada científicamente, además de que ni una de las personas entrevistadas confirmó la versión periodística, por lo que el imputado nunca fue detenido.
Como parte de la investigación también se revisó una docena de computadoras que estaban en el PRI y dos laptops de sus asistentes en busca de fotografías o videos que constaran la presunta red de prostitución, pero tampoco se hallaron pruebas contundentes al respecto.
Ante esta situación, la defensa de Gutiérrez de la Torre solicitó a la PGJDF que la investigación concluyera por falta de pruebas y lo ampararon; la dependencia impugnó el oficio y hasta ahora, 14 meses después, un juez especializado ordenó la conclusión del caso.