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david.fuentes@eluniversal.com.mx
La empresa Gas Express Nieto, responsable de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, donde cinco personas murieron y 18 más resultaron con lesiones de consecuencia, aún debe una fuerte cantidad de dinero al Gobierno del Distrito Federal (GDF), por lo que se sigue un proceso más en su contra.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) explicó que el GDF absorbió en primera instancia los daños ocasionados en el hospital, así como en casas aledañas que también fueron afectadas, además de los instrumentos y mobiliario del nosocomio, abriéndose una averiguación previa por el delito de daño a la propiedad culposo agravado, cometido en contra del gobierno capitalino.
Como parte del proceso legal, el pasado 9 de marzo el juez 37 penal del sistema procesal penal acusatorio, Roberto Castellanos Barroso, vinculó a proceso al jefe de mantenimiento del taller, al gerente operativo de planta y a Gas Express Nieto SA de CV, todos por el delito antes señalado.
Asimismo, impuso medidas cautelares, a los primeros dos, por un monto de 500 mil pesos y la presentación periódica quincenal, y a la empresa, una garantía económica de 146 millones 980 mil 338.65 pesos y se estableció el plazo de seis meses para realizar la investigación complementaria, misma que podría concluir el 16 de agosto.
Así la investigación en contra de la empresa gasera continúa; sin embargo, durante la primera etapa del proceso se otorgó la libertad del chofer que conducía la pipa que provocó el siniestro, por lo que al momento no hay una sola persona en prisión por el accidente.
En el caso de este empleado, la jueza 32 del sistema penal acusatorio para delitos no graves, Belem Bolaños Martínez, determinó el pasado martes el sobreseimiento total del proceso, correspondiente a la carpeta de investigación 004/0003/2015, por homicidio culposo y lesiones culposo a raíz de la explosión ocurrida el pasado 29 de enero.
El juicio oral de este caso inició el 6 de febrero, cuando se realizó la audiencia inicial en la que el imputado quedó vinculado a proceso, ese mismo día se le impusieron como medidas cautelares una garantía económica de un millón de pesos, vigilancia policiaca y supervisión a cargo del director del Hospital General Balbuena, donde tuvo lugar la rehabilitación del chofer.
En una primera etapa, del 26 de febrero al 4 de marzo, la autoridad judicial consideró extinto el delito de homicidio culposo, pues se reparó el daño; mientras que en la segunda, del 10 de marzo al 19 de mayo, se desahogaron las audiencias en los casos correspondientes a los lesionados, en total fueron 18 acuerdos reparatorios que se firmaron a través de la mediación y con la intervención del Ministerio Público de la procuraduría capitalina.
El accidente ‘destapó’ a varios ciudadanos, paramédicos e incluso elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) pues al momento de la explosión, sin importarles las consecuencias, ingresaron al lugar y de entre los escombros empezaron a rescatar a varias de las víctimas que quedaron atrapadas cuando literalmente el hospital se vino abajo.
Por este acto de valor, el gobierno capitalino y la Asamblea Legislativa galardonó a los involucrados en el rescate de heridos, también se reconoció a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente como a las enfermeras Mónica Orta, Ana Lilia Gutiérrez Ledesma y al camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz.
En un evento donde estuvo presente el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se les otorgó la Medalla al Mérito a la enfermera Reina Casas Medina, al menor —conocido después como el niño topo— Jonathan Tobón y a un elemento de la SSPDF.
