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por: David Fuentes y Johana Robles
La batalla legal para que se resuelvan de forma definitiva las sanciones administrativas que impuso la Contraloría General del Distrito Federal a 37 ex servidores públicos por irregularidades en la Línea 12 del Metro, podría tardar hasta dos años, estima Yasmín Esquivel, magistrada presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del DF.
Desde su oficina, que tiene una vista privilegiada de la ciudad de México al estar en el último piso del edificio que alberga al tribunal, la magistrada presidenta explica los tiempos y etapas que podrían seguir los juicios que cada uno de los ex funcionarios públicos promovió contra la resolución de la Contraloría capitalina.
“Estamos hablando de año y medio aproximadamente (la primera etapa) ante lo Contencioso Administrativo Local, después sobre eso que haya resuelto la Sala Superior pueden ir a los tribunales federales (...). Tenemos experiencia la de seis meses, aproximadamente ocho meses, en que resuelven una resolución administrativa nuestra”, describió Esquivel Mossa.
En entrevista con El UNIVERSAL, la magistrada presidente del TCA en el DF elabora un balance de los 74 juicios que se han promovido para pelear las sanciones impuestas por la Contraloría capitalina. 72 son de ex funcionarios públicos inhabilitados hasta por 20 años, uno es de las tres empresas supervisoras inhabilitadas por dos años y un juicio promovido por el consorcio constructor contra un acto de autoridad del Proyecto Metro del DF.
“Un tribunal colegiado va a determinar, va a tener la última palabra, federal y no local; determinará si ese servidor público efectivamente tuvo o no la razón”, afirmó.
¿Cómo va el procedimiento de la Línea 12?
—Aquí en el Tribunal Contencioso Administrativo vemos el tema de responsabilidades de servidores públicos, cuando las Contralorías emiten una resolución y sancionan, puede acudir al Tribunal quien no esté de acuerdo con la resolución de la Contraloría. En el caso de los servidores públicos sancionados, hay 72 juicios que corresponden a 37 servidores públicos que fueron sancionados. Se encuentran en este momento en proceso.
¿Si hay 37 ex servidores públicos sancionados, por qué 72 juicios?
—Lo que pasa es que algunos servidores han sido sancionados en dos o tres ocasiones. Cada vez que se les notifica la resolución vienen a juicio. Hay servidores públicos sancionados que presentan dos o tres (juicios), dos o tres resoluciones por diferentes conductas relacionadas a la misma construcción de la Línea 12.
¿Mientras se sigue el proceso, los ex funcionarios pueden seguir laborando normalmente?
—Cuando se destituye al funcionario, debe ser separado inmediatamente del cargo. Cuando viene a juicio el ex funcionario solicita la suspensión, sin embargo, hay jurisprudencias de la Suprema Corte que cuando el funcionario es destituido no puede concedérsele la suspensión para que continúe trabajando. Se defiende fuera del trabajo, separado del trabajo.
¿Hay alguna manera de agilizar este proceso o hay que respetarlo (por el tiempo que tarda la primera etapa)?
—No tenemos que darle prioridad ni tampoco porqué rezagarla. Es un asunto que debe resolverse al turno que haya llegado en cada una de las ponencias. Para nosotros no representa ni antes y ni después, ni éste ni ningún otro asunto ante el Tribunal. No damos celeridad a ningún tipo de asunto, ni tampoco retrasamos.
¿Cualquier ciudadano puede venir y sumar una denuncia a estos funcionarios?
—En estos procedimientos de responsabilidad no participan los usuarios de la Línea 12, sólo es el servidor público, la Contraloría. En algunos casos el ex servidor público ha señalado como tercer interesado al consorcio.
Yasmín Esquivel confirmó que el pasado 9 de febrero, las firmas Lumbreras y Túneles, Ingeniería, Asesoría y Consultoría y Empresas de Estudios Económicos y de Ingeniería presentaron su demanda contra la resolución administrativa del órgano de control del gobierno capitalino
Defiende la autonomía que tienen los magistrados para resolver estos casos —los 15 tienen asuntos de la Línea 12 del Metro— y señala que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF se impugna cualquier acto de autoridad.
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