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Uno de los proyectos prioritarios del actual gobierno de México es que todo el país tenga conexión a internet. La iniciativa es loable y, de resultar efectiva, supone un avance significativo para México en materia de inclusión social y tecnológica. Recordemos que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró en 2011 el acceso a internet como un derecho humano y en 2013 se estableció en México como un derecho constitucional.
La evidencia histórica y estadística muestra que los países menos conectados son los países menos adelantados. El internet universal traería aparejados grandes beneficios, desde la posibilidad de acceder a información y capacitación, como el hecho de ejercer su derecho a libre expresión y comunicación desde lo local hacia el ámbito global, además de un aumento en la competitividad de las localidades, un mayor posicionamiento y desarrollo de actividades económicas como el turismo o cualquier otra vocación productiva con potencial.
No obstante, para que esto resulte positivamente, se requiere de esquemas eficientes de aprovechamiento del internet como una herramienta que incentive la productividad y la eficiencia de los procesos. Esto es, la estrategia es incompleta si no se combina con acciones que incentiven a los usuarios a dar uso al internet para mejorar sus condiciones sociales y económicas. Datos de Inegi muestran que del total de internautas en México, 70.9% utiliza esta herramienta para capacitación y educación, 49.4% para leer periódicos, revistas o libros, 28% para interactuar con el gobierno, 12.9% para operaciones bancarias, 8% para ventas por internet, y 91.4% lo usa para entretenimiento.
El programa “Internet para todos” fue dotado con un presupuesto del orden de 622.8 millones de pesos en 2019, esto es 106.2 millones de pesos (21%) más que lo presupuestado en 2018 a su programa antecesor “México Conectado”. La cifra podría ser insuficiente para tal propósito.
Es importante señalar que una estrategia eficiente de conexión universal es congruente con el desarrollo económico y social, pero requiere de calidad y estabilidad en la señal, inversiones significativas y llegar a sitios donde tradicionalmente las grandes empresas no encuentran rentabilidad. Lo anterior implica un punto de inflexión en el desarrollo de empresas comunitarias, que podrían apoyar desde su campo de acción en la consecución del objetivo de conexión universal. En México ya existen algunos ejemplos de empresas comunitarias operando servicios de internet con concesión del IFT, ofreciendo servicios a comunidades que no tienen otro medio de comunicación y que, gracias al internet, han modificado incluso esquemas de consumo.
La decisión para la realización de estas inversiones requiere de análisis previos de viabilidad técnica y económica, tanto con la óptica social como privada. Es importante mencionarlo, existen empresas y organizaciones de profesionistas en México que tienen la capacidad de dar asesoría a estos grupos que eventualmente pueden formarse como empresas sociales, desde la conformación de su grupo en una empresa, hasta la elaboración de su plan de negocios y posterior ejecución.
Para ser un programa exitoso, “Internet para Todos” deberá tomar en consideración las oportunidades que presentó su antecesor. En principio, “México Conectado” no reflejaba claramente la población objetivo; aunque es claro que había 101 mil sitios conectados que se reportaron al final del pasado sexenio, sería importante analizar las personas beneficiadas, sus características socioeconómicas y, lo más importante, si esto contribuye a una mayor productividad. Lo anterior facilitaría una evaluación respecto de los objetivos del programa y la aplicación del presupuesto basado en resultados.
Previo a la implementación de “Internet para Todos” es importante analizar a detalle la evolución en los últimos años de la cobertura del programa “México Conectado”, observando a sus beneficiarios, los sitios conectados, el uso que se dio a la conexión, la calidad y estabilidad de la misma. Esto daría elementos claros para la toma de decisiones y definición de objetivos y, con ello, la formación de indicadores estratégicos y de gestión, necesarios para una operación exitosa, del ahora “Internet para Todos”.
Este programa, con un objetivo claro, bien podría ser punta de lanza en materia de desarrollo económico y social; su correcta ejecución será crucial para los diferentes actores económicos y para los sectores más marginados de la sociedad.
